Una profunda investigación judicial en el departamento Copo, Santiago del Estero, culminó este 11 de enero de 2026 con la desarticulación de una banda dedicada al narcotráfico. El principal sospechoso es Juan Delfín Hoyos, un productor rural de 32 años conocido como «Michel» o «Petiso», quien bajo la fachada de comerciante ganadero habría amasado una fortuna de 37 millones de pesos en apenas cinco meses.
La organización operaba un corredor estratégico entre el norte santiagueño y la provincia del Chaco, utilizando campos y viviendas urbanas para el acopio de sustancias ilícitas.
El perfil del líder y la maniobra financiera
Juan Delfín Hoyos, con domicilio en el barrio Municipal de Monte Quemado y una finca en el paraje Alto de Sierra (Chaco), es señalado por el fiscal Gabriel Gómez como el organizador y conductor de la banda. Los peritajes financieros revelaron un crecimiento patrimonial injustificado:
- Ingresos sospechosos: Entre enero y mayo de 2025, Hoyos habría generado más de $37 millones, cifra que no se condice con su actividad ganadera declarada.
- Modus Operandi: La red se encargaba de la compra, traslado, almacenamiento y distribución de marihuana y cocaína.
- Códigos encubiertos: Los integrantes utilizaban términos específicos y lenguaje cifrado en sus comunicaciones para coordinar precios y cantidades, intentando evadir los controles policiales.
Detenidos y prófugos
Además de Hoyos, la justicia ordenó la detención de otros tres integrantes clave de la estructura:
- Margarita Noemí Gerez (alias «Pishpi»)
- Enrique Carrizo Galván
- Miguel Alejandro Ruiz (alias «Pajarito»)
Un quinto implicado, identificado por el alias de «Martillo», logró escapar durante los operativos y actualmente es intensamente buscado por fuerzas federales. Todos los detenidos enfrentan cargos por violación a la Ley 23.737, bajo la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Impacto en la región
Este operativo representa uno de los golpes más importantes al narcotráfico local en lo que va del año 2026 en el departamento Copo. La fiscalía sostiene que el uso de establecimientos rurales para el ocultamiento de la droga es una modalidad creciente que busca aprovechar la porosidad de los límites interprovinciales entre Santiago del Estero y Chaco.