La plataforma X (anteriormente Twitter) y su propietario, Elon Musk, enfrentan una denuncia penal en los tribunales argentinos. La presentación fue realizada por el abogado y militante peronista Ariel Valloud a través del Ministerio Público Fiscal (número de seguimiento 1561173), bajo la acusación del delito de defraudación.

El núcleo del reclamo sostiene que la plataforma cobra por suscripciones de pago prometiendo mayor alcance y visibilidad, mientras que, en la práctica, aplica mecanismos de censura invisibles contra aquellos usuarios que expresan opiniones contrarias a los intereses políticos de Musk.

El «sincericidio» de la Inteligencia Artificial Grok

Uno de los puntos más llamativos de la denuncia es el uso de la propia tecnología de la plataforma como prueba. Valloud relata que consultó a Grok, la inteligencia artificial integrada en X, sobre el estado de su perfil. Según el denunciante:

• Confirmación de Shadowban: La IA le informó que su cuenta se encuentra bajo una «severa censura» o shadowban.
• Deboosting: El sistema admitió que los contenidos son «despotenciados» adrede, limitando drásticamente su difusión a pesar de tener miles de seguidores.
• Impacto en métricas: Valloud denunció que su cuenta pasó de tener 35.000 visitas mensuales antes de la pandemia a apenas 50 visitas de perfil en la actualidad.

Defraudación y «Dictadura de Facto»

La denuncia califica la situación como gravísima debido al componente económico. Valloud sostiene que Musk ofrece planes de suscripción para mejorar la exposición, pero aplica censura previa si el contenido critica a figuras como Donald Trump o al propio Musk.

«La plataforma X censura a quien emita cualquier opinión contraria a los intereses del señor Elon Musk y encima cobra por ello», enfatizó el abogado, quien también denunció la suspensión sin causa de la cuenta de su agrupación, Labor Peronista.

El pedido al Juez: Domicilio legal en Argentina

Un punto clave de la presentación judicial es la solicitud para que el magistrado interviniente obligue a Elon Musk a fijar un domicilio legal de X.com en la República Argentina.

Actualmente, la plataforma opera en el país sin una sede física o representación jurídica local, funcionando —según el denunciante— como una «empresa fantasma» que solo responde a la jurisdicción de los Estados Unidos. Esto dificulta que los ciudadanos argentinos puedan ejercer reclamos ante Defensa del Consumidor o la Justicia civil y penal por incumplimientos contractuales o daños y perjuicios.