Se cumple el primer aniversario de uno de los escándalos financieros más profundos de la gestión de Javier Milei. El 14 de febrero de 2025, a las 19:01, una publicación presidencial promocionó $Libra, un token presentado como una herramienta de financiamiento para pymes. Minutos después, el mercado presenció un «rug pull» (estafa de salida) que evaporó el capital de miles de inversores.
Hoy, con 44.000 damnificados globales y al menos 1.329 argentinos afectados, la causa judicial en Comodoro Py muestra una parálisis que genera fuertes cuestionamientos sociales y políticos.
El pacto de confidencialidad y los nexos externos
La investigación ha sacado a la luz un documento clave: un acuerdo firmado el 29 de enero de 2025 entre el Presidente y Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures. Aunque Davis figuraba como asesor «ad honorem» en tecnología, las pruebas recolectadas indican una realidad diferente:
- Transferencias sospechosas: Se detectaron movimientos por más de un millón de dólares en billeteras virtuales vinculadas a Davis tras el lanzamiento de la moneda.
- Mensajes comprometedores: Existen registros donde el empresario estadounidense se jactaba de su influencia en el Gobierno, mencionando supuestos pagos a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia.
El rol de Mauricio Novelli y las visitas a Rosada
La pata local de la maniobra recae sobre el empresario Mauricio Novelli, señalado como el facilitador del encuentro entre los desarrolladores del token y el entorno presidencial. Los registros de ingresos a la Casa Rosada son contundentes:
- 10 ingresos oficiales durante el año 2024, autorizados mayoritariamente por Karina Milei.
- Obstrucción a la justicia: En allanamientos previos, se constató que Novelli borró información crítica de sus dispositivos móviles.
- Embargos cuestionados: La Justicia inmovilizó bienes por 37 millones de pesos, cifra que la querella —liderada por Juan Grabois— considera «irrisoria» frente al volumen del fraude.
Un conflicto judicial con escala internacional
El caso $Libra no solo se dirime en los tribunales del juez Marcelo Martínez de Giorgi en Argentina. El frente legal se ha expandido globalmente:
- Estados Unidos: La jueza Jennifer Rochon encabeza una demanda colectiva en Nueva York, donde se acusa formalmente al mandatario argentino de emitir declaraciones promocionales engañosas.
- Bielorrusia: La Cámara Federal debe decidir si acepta como querellantes a ciudadanos bielorrusos que denuncian haber perdido dos millones de dólares en la operación.
- Vía Legislativa: Antes de su disolución, una comisión especial del Congreso dictaminó que existió una «colaboración imprescindible» por parte de Milei, sugiriendo la base para un posible juicio político.
Pese a este complejo entramado de pruebas y denuncias internacionales, a 365 días del colapso, todavía no se ha producido ningún llamado a declaración indagatoria, lo que profundiza la sensación de impunidad entre las víctimas que perdieron sus ahorros tras la recomendación oficial.