La causa judicial que investiga el presunto fraude de la criptomoneda $LIBRA atraviesa su etapa más crítica. El fiscal federal Eduardo Taiano ha formalizado un pedido a la Presidencia de la Nación para obtener los detalles del contrato «confidencial» firmado el 30 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, cofundador de Kelsier.
Este requerimiento busca esclarecer la naturaleza de un asesoramiento ad honorem en blockchain e inteligencia artificial que, según la investigación, se habría formalizado apenas dos semanas antes del lanzamiento masivo del token $LIBRA, el cual terminó en un colapso financiero que dejó a miles de damnificados.
Hallazgos de la pericia informática
La investigación dio un vuelco tras un informe técnico de la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) sobre los dispositivos de los implicados. Los puntos más relevantes de la pericia incluyen:
- Mensajes eliminados: Se detectaron eventos de borrado de mensajes en el teléfono de Mauricio Novelli, señalado como el nexo local de la operación.
- Vínculos confirmados: A pesar de los intentos de eliminar pruebas, se recuperaron registros de al menos dos conversaciones por WhatsApp y un intercambio en Instagram entre un número vinculado al presidente Milei y Novelli.
- Relación previa: Documentación hallada confirma que el vínculo entre Milei y Novelli data de abril de 2021, a través de cursos de capacitación financiera, desestimando la versión de un contacto reciente o casual.
- Implicación de Karina Milei: Los peritos encontraron diálogos con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP”, lo que motivó que el fiscal Taiano también exija respuestas a la Secretaría General de la Presidencia.
El «Criptogate» y sus derivaciones
El expediente, que también menciona al exasesor de la CNV Sergio Morales y al empresario Manuel Terrones Godoy, investiga si la estructura de marketing de $LIBRA utilizó el respaldo institucional de la Casa Rosada para inflar artificialmente el valor del activo.
La Justicia intenta determinar si el contrato con Hayden Davis fue una pantalla para otorgar legitimidad a un proyecto de «pump and dump» (inflar y vender) que, según estimaciones, habría movilizado entre 70 y 100 millones de dólares antes de que la moneda se desplomara un 85%.
La respuesta de la Casa Rosada al pedido de Taiano será determinante. Si se confirma que el contrato otorgaba a Davis acceso privilegiado o funciones de asesoramiento estatal mientras promovía activamente el token, la causa podría escalar hacia figuras penales más graves como cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.