La situación procesal de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, se agravó esta semana tras una nueva resolución de la justicia rionegrina. El Juzgado Civil N.º 9 de San Antonio Oeste, a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk, dispuso un embargo preventivo por $31,5 millones en el marco de una demanda por presuntas irregularidades en la venta de terrenos.

La medida cautelar busca asegurar los fondos ante una posible sentencia favorable para el demandante, quien denunció el incumplimiento de obras de infraestructura y la imposibilidad de escriturar un lote adquirido en el desarrollo inmobiliario Tajamar, en la villa balnearia de Las Grutas.

Detalles de la causa y el embargo

La demanda sostiene que, a pesar de haber transcurrido más de cinco años desde la comercialización y de haber recibido los pagos, el emprendimiento carece de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y apertura de calles, obras que debían completarse en un plazo de 16 meses.

• Alcance de la medida: La jueza libró un oficio al Banco Central (BCRA) para inmovilizar cuentas bancarias, plazos fijos y otros activos financieros de la legisladora.
• Excepción: A diferencia de medidas anteriores, este embargo específico se centra en bienes y cuentas personales, aunque existen otros procesos que sí han afectado sus haberes legislativos.

Un historial judicial acumulado

Este fallo no es un hecho aislado, sino que se suma a un complejo frente judicial que enfrenta la diputada de Río Negro:

• Embargo previo: En diciembre de 2025, el juez Santiago Morán (Bariloche) ya había ordenado retener parte de su dieta y aguinaldo por una suma de $40,5 millones en una causa de similares características vinculada al mismo loteo.
• Tensiones políticas: Los ruidos judiciales coinciden con un momento de fragilidad interna dentro de La Libertad Avanza en su provincia, donde sectores del partido cuestionan su conducción y señalan el impacto negativo de sus antecedentes, que incluyen menciones a causas antiguas en Estados Unidos.

El avance de estas denuncias por «estafas inmobiliarias» pone en jaque la imagen de una de las referentes más visibles del oficialismo en la Patagonia, mientras los damnificados de Las Grutas continúan reclamando por la entrega de los terrenos con los servicios prometidos.

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