Un expediente del Ministerio de Defensa ha desatado una fuerte controversia tras revelarse un insólito canje de bienes públicos por herramientas de ferretería. La operación, realizada a través de la III Brigada Aérea de Reconquista (Santa Fe), consistió en la entrega de un lote de vehículos pesados, embarcaciones y generadores industriales a cambio de un pequeño conjunto de herramientas de uso doméstico.
Según estimaciones preliminares, el Estado nacional habría sufrido una pérdida patrimonial de entre 10 y 12 millones de pesos debido a la desproporción entre el valor de mercado (incluso como rezago) de los bienes entregados y los elementos recibidos.
El detalle del lote: Bienes de alto valor por herramientas menores
A través de la Contratación Directa N° 40/19-0103-CDI25, el organismo entregó a un particular, Miguel Ángel Barolín, una flota que incluía:
- Vehículos: Un ómnibus Mercedes-Benz, un camión volcador MB 1514, dos utilitarios Renault Trafic, una pickup Chevrolet Cheyenne y un autoelevador Clark.
- Embarcaciones: Un bote neumático Zodiac (motor 55 HP) y la embarcación “Antártida-05” con un motor de 115 HP.
- Maquinaria: Un grupo electrógeno Deutz de 40 kVA y dos generadores GM 567. Solo estos últimos contenían media tonelada de cobre y más de 25.000 kilos de hierro de fundición.
A cambio, el Estado recibió:
- 4 motoguadañas.
- 1 hidrolavadora.
- Un set de destornilladores.
- 3 impresoras.
Cuestionamientos a la modalidad «En el estado en que se encuentra»
La operación se amparó bajo la figura administrativa de «bienes en rezago» o en desuso. Esta modalidad permite entregar materiales «en el estado en que se encuentran», lo que suele derivar en valuaciones significativamente menores a su valor real de rescate, especialmente considerando el peso en metales valiosos como el cobre y el hierro presentes en los motores y generadores.
Impacto político
La transacción quedó bajo la órbita del Ministerio de Defensa, actualmente conducido por Carlos Alberto Presti. Las críticas se centran en la falta de transparencia y en la aparente ausencia de una tasación oficial que justificara la permuta de vehículos de gran porte por herramientas manuales.
El caso, bautizado mediáticamente como el expediente de “Don Chatarrín”, pone bajo la lupa los controles internos de las Fuerzas Armadas sobre el patrimonio estatal y los mecanismos de contratación directa para la disposición de bienes en desuso.
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