El gobierno de Javier Milei avanzó con una reestructuración profunda del sistema sanitario, que redefine el área de Discapacidad y concentra funciones sensibles bajo una nueva organización.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 193/2026, firmado junto al ministro de Salud Mario Lugones, y establece cambios estructurales en el organigrama del ministerio.
Centralización y control
Uno de los ejes principales es la concentración de las políticas de discapacidad, que ahora abarcarán:
- Otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez
- Administración de beneficios y apoyos
- Evaluación y certificación de discapacidad
El objetivo oficial es unificar criterios y mejorar el control de los procesos, especialmente en el manejo de pensiones no contributivas.
Nuevas áreas y funciones
El decreto crea y reorganiza dependencias estratégicas, entre ellas:
- Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos
- Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad
- Dirección de Regulación de Servicios
- Observatorio de Discapacidad, enfocado en análisis y seguimiento de datos
Estas áreas estarán orientadas a sistematizar información, estandarizar procedimientos y reforzar la supervisión.
Eliminaciones y ajuste administrativo
En paralelo, se dispuso la eliminación de varias unidades, como:
- La Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria
- Coordinaciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad
- Sectores vinculados a monitoreo y auditoría interna
Un cambio con impacto
La reforma apunta a una mayor eficiencia y control estatal, pero también abre interrogantes sobre:
- La concentración de decisiones en menos áreas
- El impacto en la transparencia
- La continuidad de políticas y programas existentes
Se trata de una transformación estructural que redefine cómo el Estado gestiona la discapacidad, con efectos directos sobre miles de beneficiarios en todo el país.