El Gobierno nacional avanza con la reglamentación de la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso, con la intención de oficializarla antes de fin de abril y reforzar su aplicación frente a los reveses judiciales.

La estrategia del oficialismo apunta a consolidar la norma —impulsada conceptualmente por Federico Sturzenegger— mediante un decreto reglamentario que funcione como “blindaje técnico” ante las impugnaciones en la Justicia del Trabajo.

Reveses judiciales y reacción oficial

El movimiento del Ejecutivo se da luego de que el juez Raúl Horacio Ojeda dictara una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la ley, al considerar que podrían vulnerar principios del derecho laboral.

Ante este escenario, desde la Casa Rosada buscan avanzar sin retrocesos en la reglamentación, mientras la CGT mantiene su ofensiva judicial contra la norma.

La estrategia jurídica del Gobierno

El plan oficial incluye coordinar acciones entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica para redirigir las causas hacia el fuero contencioso administrativo, alejándolas del ámbito laboral.

El objetivo final sería que las disputas lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el Gobierno considera que podría tener un escenario más favorable.

Qué busca “blindar” el decreto

El decreto reglamentario se enfocará en dos puntos clave:

• La aplicación de la reforma a relaciones laborales ya existentes.
• La implementación de los nuevos procedimientos establecidos por la ley.

Para su elaboración intervienen distintas áreas del Estado, entre ellas los ministerios de Economía y Trabajo, además de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Un escenario abierto

Mientras el Ejecutivo acelera los tiempos, el futuro de la reforma laboral sigue atado a la disputa judicial. La reglamentación aparece así como una herramienta central del Gobierno para sostener uno de los pilares de su programa económico.