La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este miércoles, mediante la Resolución General 5844/2026, la implementación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Esta medida, enmarcada en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, busca fomentar la creación de empleo registrado a través de una significativa reducción de las contribuciones patronales.
El beneficio está diseñado para empleadores del sector privado y tiene una vigencia temporal específica para las nuevas contrataciones que se realicen en el próximo año.
¿En qué consiste el beneficio?
El régimen ofrece una reducción de las alícuotas de las contribuciones patronales destinadas a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
- SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).
- Fondo Nacional de Empleo.
- Régimen de asignaciones familiares.
- INSSJP (PAMI).
La normativa establece que este alivio fiscal podrá extenderse por un plazo de hasta 48 meses por cada nuevo trabajador incorporado.
Requisitos y plazos
Para que un empleador pueda acceder al RIFL, las nuevas relaciones laborales deben cumplir con condiciones temporales y de perfil del contratado:
- Fecha de contratación: El régimen aplica a vínculos laborales registrados entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
- Perfil del trabajador: Alcanza a personas que no hayan tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, o que hayan estado desempleadas durante los seis meses previos a la nueva contratación.
- Vigencia: Las disposiciones se aplican para las declaraciones juradas de mayo de 2026 en adelante.
Condiciones para los empleadores
Los empleadores interesados deberán cumplir con el procedimiento formal de registro a través del sistema “Simplificación Registral”, utilizando códigos específicos para identificar a los beneficiarios en el Formulario 931.
Existen exclusiones estrictas para evitar irregularidades:
- REPSAL: No podrán acceder quienes figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.
- Abuso del régimen: Se prohíbe la sustitución de personal actual por nuevos empleados con el solo fin de obtener el beneficio (prácticas de uso abusivo).
- Penalidades: El incumplimiento de los requisitos provocará la caída del beneficio, obligando al pago de las diferencias omitidas con intereses y multas.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca atacar la informalidad laboral mediante incentivos económicos directos, intentando dinamizar el mercado de trabajo en un contexto donde el sector privado enfrenta altos costos de contratación.