Desde los Estados Unidos, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para desactivar los rumores sobre una posible reestructuración de su equipo de Gobierno y ratificar su confianza plena en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mandatario, fiel a su estilo confrontativo, aprovechó el mensaje para lanzar una nueva y violenta arremetida contra los medios de comunicación.
La reacción oficial surge en un momento de alta sensibilidad para la administración nacional, debido al avance de investigaciones judiciales que involucran a figuras centrales de su entorno.
Respaldo total al Gabinete
A pesar de las versiones que circularon durante el fin de semana sobre supuestos cambios en áreas estratégicas, el Presidente fue tajante al desmentir cualquier movimiento interno.
- Negativa categórica: Milei calificó las versiones periodísticas como «pelotudeces atómicas».
- Sin cambios a la vista: Aseguró que durante su estadía en el exterior no se analizó ninguna reestructuración y que la continuidad de Adorni y el resto de los ministros no está en discusión.
Nueva escalada contra la prensa
El descargo presidencial incluyó duras descalificaciones hacia la labor periodística, profundizando una tensión que ha ido en aumento en las últimas semanas. El jefe de Estado afirmó que el «95% de los periodistas» son «basuras inmundas», acusándolos de inventar crisis internas para desestabilizar su gestión.
Esta postura coincide con el análisis de medios internacionales que, como la revista británica The Economist, han señalado el incremento de ataques digitales del mandatario hacia comunicadores y las restricciones de acceso impuestas en la Casa Rosada durante el mes de abril.
El contexto de la polémica
El respaldo a Adorni se produce mientras la justicia investiga el origen de los fondos para la compra de un departamento en el barrio de Caballito y tras conocerse informes sobre el gasto de $14 millones en mobiliario de lujo para dicha propiedad. Lejos de tomar distancia, Milei optó por cerrar filas con su equipo y redoblar la apuesta contra quienes difunden estas informaciones, marcando una estrategia de «defensa cerrada» ante las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.