La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó un fallo de primera instancia y ordenó a la empresa estatal Correo Argentino abonar una indemnización cercana a los 100 millones de pesos a favor de un exjefe de sucursal de la provincia de Formosa. La resolución judicial determinó que la firma prestataria del servicio postal no logró acreditar de manera fehaciente las causales de despido invocadas, revocando la desvinculación con causa que se había ejecutado en el año 2018.

El demandante, identificado por sus iniciales T. A., registraba una trayectoria laboral de casi 48 años de antigüedad dentro de la estructura de la compañía y ejercía la conducción de la oficina postal de la localidad de Pirané al momento de ser notificado de su distracto laboral. La empresa había fundado su decisión en la figura jurídica de «pérdida de confianza», imputándole al agente haber cerrado deliberadamente las dependencias comerciales con el presunto objeto de eludir y obstruir la realización de una auditoría interna de control de caja.

Negligencia procesal y carga de la prueba

Los camaristas Rocío Alcalá y Enrique Bosch analizaron el expediente y concluyeron que la hipótesis delictiva o de falta grave sostenida por el Correo Argentino carecía de sustento probatorio debido a severas deficiencias y negligencias procesales incurridas por el cuerpo de asesores letrados de la propia empresa del Estado durante la etapa de producción de pruebas.

El tribunal de alzada dejó asentado en los fundamentos del fallo un criterio doctrinario clave para el derecho laboral:

• Inversión de la carga: El desempeño de funciones jerárquicas, de dirección o de alta responsabilidad por parte de un dependiente bajo ningún concepto exime al empleador de la carga legal de demostrar fácticamente las irregularidades imputadas.
• Exigencia de certeza: Para convalidar la ruptura del vínculo sin derecho a indemnización, las pruebas aportadas en sede judicial deben ser concretas, objetivas y concluyentes, descartándose las meras presunciones administrativas internas.

Impacto de los intereses en el monto de la sentencia

El litigio civil y laboral demandó un proceso de tramitación que se extendió por casi ocho años en los tribunales federales de la región. De acuerdo con las planillas de liquidación anexas a la sentencia, el capital histórico de la indemnización por despido incausado y falta de preaviso se había fijado originalmente en una suma cercana a los 5,9 millones de pesos.

Sin embargo, debido a la aplicación de las tasas de interés activas regulatorias destinadas a mitigar los efectos de la depreciación monetaria acumulada durante los años de tramitación del expediente, el monto consolidado que la empresa pública deberá transferir a la cuenta bancaria del exjefe postal experimentó un incremento exponencial hasta rozar los 100 millones de pesos, configurando un precedente de alta relevancia por las variables cuantitativas del resarcimiento económico y la extensa carrera institucional del damnificado.