Una denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 7 puso bajo la lupa a altos funcionarios del Gobierno nacional por presuntas maniobras de vaciamiento y desvío de fondos destinados a Vialidad Nacional. La acusación fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. En la presentación se denuncia el fuerte deterioro operativo y presupuestario del organismo vial, el cual actualmente arrastraría una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual.
La causa judicial investiga la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad y desvío doloso de bienes destinados a fines públicos. Según la acusación, la maniobra consistió en retener recursos específicos de la infraestructura vial federal para derivarlos hacia operaciones financieras y de sostenimiento del Tesoro Nacional.
Funcionarios imputados y el impacto en la infraestructura federal
La presentación judicial detalla las presuntas responsabilidades de los miembros del Gabinete y las consecuencias en la red vial del país:
- Autoridades denunciadas: La acusación alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a los integrantes de la conducción del organismo vial.
- Desvío de fondos específicos: La denuncia sostiene que cerca de 400 mil millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos —que por ley deben asignarse exclusivamente al desarrollo y mantenimiento de rutas— se retuvieron y utilizaron en instrumentos financieros como letras y bonos públicos.
- Abandono y riesgos en rutas nacionales: Profesionales e ingenieros del área advirtieron sobre el grave estado de las rutas debido a la parálisis de las obras y la falta de mantenimiento preventivo, lo que eleva el riesgo de siniestros viales y encarece los costos futuros de reconstrucción.
- Pérdida de crédito internacional: El escrito señala la supuesta pérdida de financiamiento internacional a raíz de incumplimientos y de la falta de ejecución de proyectos viales en diversas provincias.
- Acusaciones contra Sturzenegger: Se acusa al ministro de Desregulación de impulsar un «desmembramiento institucional» del organismo técnico, utilizando informes presuntamente manipulados para justificar el achicamiento del personal.
- Hostigamiento y persecución laboral: La presentación también denuncia presuntas presiones y hostigamientos contra los inspectores y trabajadores de carrera que manifestaron cuestionamientos respecto a las decisiones en materia de concesiones y obra pública.
- Perjuicio a las provincias: Se remarca que la interrupción de las transferencias económicas afectó de forma severa a las direcciones viales de las provincias, lo que dificulta la conservación de las rutas secundarias y complica la conectividad regional.