Organizaciones de la sociedad civil impulsaron formalmente el lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina, promoviendo el debate y la posterior sanción de un marco regulatorio en el Congreso de la Nación. La iniciativa se sustenta en una carta pública de adhesión que define la práctica como un derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida ante cuadros de padecimientos intolerables, afecciones incurables y sufrimientos de carácter persistente. Los promotores de la propuesta emparentan este debate con el proceso histórico que derivó en la legalización del aborto en el país, centrando el eje de la discusión en los principios de autonomía corporal, dignidad humana y libertad individual.
Desde el colectivo que motoriza la campaña remarcaron que el proyecto busca dar una respuesta institucional a situaciones humanas complejas que actualmente carecen de amparo legal. Asimismo, el planteo no pretende sustituir las prestaciones médicas vigentes, sino complementarlas mediante una reglamentación estricta que prevenga la existencia de abusos y otorgue seguridad jurídica tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud involucrados.
Argumentación civil, lineamientos del proyecto y adhesiones destacadas
Los principios rectores del documento, las garantías propuestas para el sistema sanitario y el listado de firmantes se detallan en los siguientes puntos:
- Complementariedad asistencial: Los impulsores subrayaron que la eutanasia no anula la importancia de los cuidados paliativos, sino que requiere el fortalecimiento de los mismos para asegurar una atención integral de calidad al final de la vida.
- Garantía para profesionales: El texto del proyecto contempla de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia para el personal de la salud que decida no intervenir en los procedimientos.
- Precedente legislativo: El documento evoca la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2020 como una muestra de la capacidad de la sociedad argentina para debatir temas complejos con pluralismo e información, disminuyendo los riesgos sanitarios derivados de la clandestinidad.
- Exigencia a los legisladores: La campaña solicita formalmente a los representantes de las cámaras legislativas propiciar un debate respetuoso y basado en evidencia científica y social.
- Convocatoria comunitaria: Las organizaciones civiles abrieron la convocatoria a la ciudadanía general, invitando a la población a sumar su firma digital en respaldo al tratamiento de la ley.
- Firmantes del ámbito jurídico y político: La carta pública cuenta con el aval y la firma de referentes institucionales como Aída Kemelmajer de Carlucci, Ricardo Gil Lavedra, Marisa Herrera, Miguel Pichetto, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Finocchiaro, Esteban Paulón, Daniel Filmus y Diego Guelar.
- Firmantes del sector científico y académico: Adhirieron a la propuesta profesionales de la ciencia y la intelectualidad como Alberto Kornblihtt, Andrea Gamarnik, Dora Barrancos, Adolfo Rubinstein, Roberto Gargarella, Nora Bär, Alicia Stolkiner, Silvia Kochen y Ana Franchi.
- Adhesiones de la cultura y los derechos humanos: El petitorio sumó el acompañamiento de figuras del ámbito de las letras, el periodismo y el espectáculo, entre quienes se destacan Martín Caparrós, Claudia Piñeiro, Hinde Pomeraniec, Mercedes Morán, Laura Novoa, Mauricio Kartun, Marcelo Piñeyro y Elizabeth Jelín.