La Justicia federal impulsó diversas medidas de prueba orientadas a examinar la evolución patrimonial y el origen de los bienes del actual jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. La causa principal se encuentra bajo la conducción del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes aguardan la remisión de informes técnicos para verificar si existe consistencia entre los ingresos declarados por el funcionario y el crecimiento de sus activos en los últimos años.

La auditoría judicial abarca el análisis de propiedades inmobiliarias, transacciones bancarias, deudas, consumos personales y traslados tanto de cabotaje como internacionales. En particular, los peritos buscan determinar el origen de los fondos aplicados a la compra y reforma de viviendas, la adquisición de rodados y otras inversiones, concentrándose en presuntas inconsistencias temporales detectadas en sus declaraciones. Una vez concluidos los peritajes contables, el Ministerio Público Fiscal definirá las próximas acciones procesales y podría citar al funcionario a brindar explicaciones formales.

De manera simultánea, los tribunales federales tramitan otros dos focos de investigación:

• Un expediente específico que examina el alcance de sus operaciones con activos digitales y criptomonedas para evaluar si existen tenencias omitidas en los reportes patrimoniales ordinarios.
• Una pesquisa enfocada en un viaje realizado a Punta del Este a bordo de una aeronave privada, con el propósito de determinar eventuales vínculos comerciales con personas o firmas involucradas en la causa y verificar la existencia de beneficios incompatibles con la función pública.

La resolución de estas causas dependerá de los informes técnicos que se incorporarán al expediente en las próximas semanas, mientras el jefe de Gabinete continúa con el ejercicio de sus funciones institucionales en el Poder Ejecutivo.