La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el propósito de impedir la ejecución del decomiso de diversos bienes pertenecientes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La controversia legal se enmarca en la etapa de ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad por parte del Tribunal Oral Federal N°2. A través de esta presentación, la defensa técnica busca que el máximo tribunal del país revise y revoque la orden sobre el conjunto de inmuebles que la exmandataria les había cedido.

El letrado defensor, Carlos Beraldi, fundamentó la impugnación señalando que la resolución judicial afecta de manera directa el derecho de propiedad y el principio de legalidad, debido a que se realizó una interpretación extensiva de las normativas de decomiso. El planteo central de la defensa sostiene que los activos cuestionados poseen un origen completamente lícito, habiendo sido adquiridos por los padres de los beneficiarios mediante fondos legítimos y operaciones perfectamente legales, sin que la fiscalía haya aportado pruebas que demuestren un vínculo directo entre esas propiedades y los delitos objeto de la condena.

El reclamo judicial abarca un total de 19 bienes situados en la provincia de Santa Cruz, entre los cuales se detallan diez departamentos y dos casas en Río Gallegos, junto con terrenos ubicados en las inmediaciones de Lago Argentino. Por el contrario, los magistrados del tribunal oral convalidaron la medida solicitada por el ministerio fiscal bajo el argumento de que las mencionadas propiedades fueron incorporadas al patrimonio familiar durante el período cronológico investigado en el proceso. Tras esta última presentación, la resolución definitiva sobre la viabilidad del decomiso quedó supeditada a la deliberación de los ministros de la Corte Suprema.