La Justicia de la provincia de Santiago del Estero inició una investigación penal de oficio ante la sospecha de un presunto caso de abuso sexual infantil que damnifica a dos hermanas de 4 y 6 años de edad. Las menores fueron trasladadas de urgencia desde la ciudad de Añatuya hacia las instalaciones del Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) «Eva Perón» en la ciudad Capital para recibir asistencia médica de alta complejidad y someterse a peritajes clínicos especializados.

El inicio de las actuaciones y los procedimientos institucionales dispuestos en torno al caso se estructuran bajo los siguientes ejes:

El hecho comenzó a registrarse cuando la madre de las niñas concurrió al Hospital Zonal de Añatuya motivada por un cuadro de dolores abdominales agudos y diversas afecciones físicas presentes en la menor de 4 años. Durante la correspondiente revisión clínica de rutina, el cuerpo de profesionales de la salud detectó una serie de indicadores y lesiones corporales que resultaban compatibles con una situación de vulneración de la integridad sexual, lo que motivó la comunicación inmediata con las autoridades policiales y judiciales de turno.

A raíz del primer diagnóstico, los agentes de salud dispusieron la realización de exámenes médicos preventivos sobre la hermana mayor, de 6 años de edad, obteniéndose resultados que respaldaron las sospechas iniciales de maltrato. Ante la gravedad del cuadro general, las autoridades sanitarias ordenaron la derivación conjunta de las dos menores hacia el hospital pediátrico de la ciudad Capital, donde permanecen internadas bajo un esquema de observación clínica continua y a la espera de estudios periciales complementarios.

La instrucción de la causa se encuentra bajo la órbita de las fiscalías locales junto a los organismos oficiales de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. En sus primeras declaraciones ante las autoridades, la progenitora afirmó no poseer conocimiento respecto al origen de los trastornos físicos detectados y manifestó no tener sospechas sobre integrantes de su entorno cercano. Con el propósito de resguardar la identidad de las víctimas y asegurar el éxito de las pesquisas, la Justicia decretó el secreto de sumario, ordenando como medidas prioritarias la toma de testimonios al círculo familiar y el desarrollo de entrevistas psicológicas mediante el sistema de Cámara Gesell.