El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó un pedido de declaración indagatoria para Francisco Adorni, actual legislador de la provincia de Buenos Aires y hermano del jefe de Gabinete de la Nación, en el marco de una investigación penal por el presunto delito de omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales. El requerimiento del Ministerio Público Fiscal fue presentado ante el juzgado federal a cargo del magistrado Daniel Rafecas, quien deberá evaluar los elementos de prueba y resolver si convoca al funcionario a prestar declaración bajo sospecha.
La causa judicial tuvo su origen en una denuncia radicada por la diputada Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en la evolución de los bienes de Francisco Adorni tras su paso por diferentes cargos de la administración pública nacional. Durante la gestión de La Libertad Avanza, el investigado se desempeñó inicialmente como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, en junio de 2025, asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), antes de postularse y acceder a su banca legislativa bonaerense.
Los detalles de las rectificaciones patrimoniales bajo sospecha, las normativas penales aplicadas al caso y la diferenciación con los expedientes que afectan a su entorno familiar se describen a continuación:
Sucesivas rectificaciones y bienes omitidos ante la Oficina Anticorrupción
La hipótesis delictiva del fiscal Marijuan se sustenta en las reiteradas correcciones que el imputado debió realizar sobre sus informes patrimoniales presentados ante la Oficina Anticorrupción (OA). De acuerdo con la documentación incorporada al expediente de los tribunales de Comodoro Py, el legislador provincial modificó sus declaraciones previas para introducir activos no declarados en primera instancia y ajustar los valores de mercado de sus propiedades inmuebles.
En las últimas presentaciones enviadas a la OA, Francisco Adorni reajustó la valuación del cincuenta por ciento de su vivienda particular ubicada en la localidad de City Bell, declarando una cotización de cincuenta y dos coma seis millones de pesos, en contraste con los sesenta y siete coma cinco millones que había consignado de manera formal un mes antes. Asimismo, la fiscalía analiza la incorporación tardía de cinco cajas de ahorro bancarias que acumulaban un saldo de dos millones de pesos, sumado al ingreso de una herencia familiar por veintiún millones de pesos que no había sido informada oportunamente al inicio del ejercicio público.
Tipificación legal de la falsedad ideológica y penalidades previstas
La acusación del Ministerio Público se encuadra en los términos del artículo 268, inciso tercero, del Código Penal de la Nación, el cual prevé sanciones punitivas específicas para aquellos funcionarios públicos que, estando obligados legalmente a manifestar de forma transparente su composición de bienes, omitan o falseen de manera deliberada los datos insertados en los instrumentos de control. La fiscalía argumenta que las omisiones detectadas poseen el carácter de «maliciosas» al tratarse de cuentas bancarias en actividad y montos que modificaban el patrimonio neto real.
Los investigadores consideran que el grado de sospecha acumulado en la instrucción preliminar es suficiente para habilitar la etapa de defensa del imputado. El análisis pericial contable busca determinar si las modificaciones en las declaraciones juradas obedecieron a meros errores de carga administrativa o si constituyeron una maniobra orientada a encubrir un presunto incremento patrimonial injustificado durante su paso por las dependencias de la cartera de Defensa.
Independencia de los expedientes del entorno familiar y avance institucional
Las fuentes tribunalicias aclararon que el expediente penal contra Francisco Adorni se tramita por carriles independientes de la causa matriz que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Si bien ambos hermanos se encuentran bajo el escrutinio de la justicia federal por inconsistencias similares y movimientos financieros de sus respectivos entornos familiares, los magistrados intervinientes disponen de medidas probatorias diferenciadas.
Mientras el juez Rafecas analiza el pedido de indagatoria sobre el diputado bonaerense, las fiscalías federales continúan con el entrecruzamiento de datos relacionados con adquisiciones inmobiliarias en barrios cerrados, tenencia de criptoactivos en billeteras virtuales y peritajes sobre las cuentas de las empresas vinculadas al entorno de la Jefatura de Gabinete. El avance de ambos procesos judiciales impone un complejo escenario político para los principales voceros del Poder Ejecutivo, quienes deberán validar la evolución de sus patrimonios particulares ante las auditorías de los tribunales de Retiro.