La investigación penal orientada a auditar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, registró una fuerte aceleración en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso un paquete de medidas probatorias destinadas a verificar la consistencia de los activos declarados por el funcionario, ampliando de forma simultánea el objeto de la pesquisa hacia los movimientos financieros de su núcleo familiar primario y el origen de los bienes transmitidos por vía sucesoria tras el fallecimiento de su padre.

La fiscalía apunta a confrontar los descargos administrativos que el coordinador ministerial presentó ante la Oficina Anticorrupción con los registros migratorios, notariales y bancarios de los últimos años. Las nuevas directivas judiciales procuran determinar si el incremento en las declaraciones juradas del portavoz oficial encuentra un correlato técnico con sus ingresos históricos en el sector privado o si existen inconsistencias que ameriten una recategorización de la figura penal en curso.

Las medidas de trazabilidad sobre activos digitales, las auditorías a los expedientes sucesorios y el avance procesal sobre el entorno del funcionario se describen a continuación.

Requerimientos de trazabilidad sobre inversiones en criptomonedas y expedientes sucesorios

El diseño de la estrategia de investigación de Pollicita se concentró en los dos argumentos principales esgrimidos de forma pública por el jefe de Gabinete para justificar el salto cuantitativo en su patrimonio: los rendimientos de colocaciones en activos virtuales y una herencia familiar. Para desentrañar el primer componente, el Ministerio Público Fiscal libró oficios a plataformas de intercambio de criptomonedas que operan en el país y en el exterior, exigiendo el detalle de las billeteras digitales y el historial de transacciones asociadas a la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del funcionario.

En relación con el patrimonio familiar histórico, la fiscalía ordenó las siguientes medidas de control documental:

• Inspección del expediente sucesorio: Se solicitó la remisión compulsiva del trámite judicial de la sucesión de Jorge Adorni, padre del jefe de Gabinete, con el fin de inventariar de forma precisa los inmuebles, vehículos y cuentas bancarias transferidas a los herederos forzosos.
• Informes de dominio habitacional: La pesquisa incorporó un requerimiento específico para determinar la titularidad registral y las condiciones de adquisición de la vivienda ubicada en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires donde reside la madre del funcionario, Silvia Pais.
• Escrutinio sobre la actividad conyugal: El fiscal dispuso un barrido patrimonial sobre Bettina Angeletti, esposa de Adorni, mediante pedidos de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Registro de la Propiedad Inmueble para reconstruir sus ingresos y titularidades previas al año 2023.

Solicitud de antecedentes por presunto enriquecimiento e indagatoria a Francisco Adorni

La ampliación de la causa penal generó un cruce de expedientes dentro del fuero federal porteño debido a que Pollicita requirió formalmente una copia certificada de las actuaciones que tramitan en otra fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete. Los investigadores judiciales consideran indispensable entrecruzar las declaraciones juradas de ambos hermanos para constatar si los bienes declarados como parte de la herencia paterna coinciden en valores, porcentajes y fechas de incorporación.

La situación del entorno familiar se tornó más compleja en el plano judicial tras el pedido formulado por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien solicitó formalmente la declaración indagatoria de Francisco Adorni. Marijuan fundamentó su requerimiento ante el juez interino al detectar indicios serios de que el actual legislador de la provincia de Buenos Aires habría incurrido en la omisión maliciosa de datos y activos de relevancia económica durante la confección de sus presentaciones patrimoniales obligatorias ante las oficinas de control ético y tributario.