La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó la medida cautelar que había dictado el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la cual ordenaba al Poder Ejecutivo nacional dar continuidad al pago de la asignación del programa Volver al Trabajo. El fallo judicial de segunda instancia despeja el camino administrativo para que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, proceda con la interrupción de este beneficio mensual —cuyo valor nominal se encuentra congelado en menos de 80.000 pesos— con el propósito de reemplazar la transferencia directa de fondos por un esquema de vouchers destinados a la capacitación laboral.

La disputa en los tribunales federales se inició a partir de una acción de amparo colectiva promovida por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Desde la representación gremial de los trabajadores informales argumentaron que la suspensión del pago deja desamparadas y sin ingresos básicos a cientos de miles de familias en un contexto macroeconómico recesivo y de severa pérdida de poder adquisitivo. En contraposición, las autoridades de Capital Humano defendieron la reforma estructural bajo la premisa de reorientar las partidas presupuestarias hacia herramientas efectivas de inserción en el mercado de trabajo formal y esquemas de formación profesional.

El programa bajo litigio es el componente mayoritario del proceso de reestructuración que el Gobierno aplicó sobre el antiguo Potenciar Trabajo, el cual fue segmentado en dos líneas de acción independientes. Por un lado, el programa Volver al Trabajo reúne a 929.677 titulares de entre 18 y 65 años que realizan actividades informales o están registrados como monotributistas sociales; por el otro, el programa de Acompañamiento Social asiste a 201.482 personas en extrema vulnerabilidad, tales como adultos mayores de 50 años o madres con cuatro o más hijos menores. La resolución de la Cámara de San Martín impacta de forma directa sobre el primer universo, que representa más del 80 por ciento de los beneficiarios heredados de la anterior estructura de asistencia social.

De acuerdo con estimaciones del sector de la economía popular, el denominado Salario Social Complementario se mantuvo sin modificaciones desde noviembre de 2023, fijado en 78.000 pesos mensuales. Esta falta de actualización frente a la evolución del índice de precios minoristas representó una contracción del 74 por ciento en términos reales de un haber que, históricamente, equivalía a la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. El sostenimiento de este componente para el universo de beneficiarios del Volver al Trabajo demandaba al erario público un costo anualizado de 1,05 billones de pesos, cifra equivalente a aproximadamente el 0,1 por ciento del Producto Bruto Interno.