A través de una nueva reglamentación sobre el régimen del contrato de trabajo, el Poder Ejecutivo modificó los criterios técnicos para determinar la base salarial de las indemnizaciones por despido sin justa causa. La disposición redefinió la interpretación del concepto de «mejor remuneración mensual, normal y habitual», acotando los rubros liquidables e introduciendo un marco legal de restricción sobre adicionales que históricamente incrementaban el monto resarcitorio por antigüedad.

La nueva normativa dispone que únicamente se tomarán en cuenta para el cálculo el salario básico fijado por convenio colectivo y las sumas remunerativas fijas de percepción mensual. En contraposición, quedaron expresamente excluidos de la liquidación los siguientes conceptos:

• Premios, bonos y participación en las ganancias.
• Horas extras y plus vacacional.
• Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
• Sumas no remunerativas y pagos extraordinarios discontinuos.

Desde el Gabinete nacional defendieron la actualización reglamentaria argumentando que la precisión en los rubros computables busca dotar de previsibilidad jurídica a la parte empleadora, mitigar los márgenes de discrecionalidad y reducir la tasa de litigiosidad en el fuero del trabajo para incentivar la contratación. En contrapartida, referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y especialistas del derecho laboral advirtieron que la medida impacta directamente sobre el resarcimiento de los asalariados con ingresos variables y abara el costo de las desvinculaciones, al tiempo que anticiparon probables planteos de inconstitucionalidad ante los tribunales laborales.