El desahucio de María del Carmen Abascal, de 87 años, de la vivienda que ocupaba en la capital española desencadenó una oleada de manifestaciones y derivó en un severo revés político para el gobierno del presidente Pedro Sánchez. La ejecución de la medida judicial —generada por la extinción de un contrato histórico de renta antigua— motivó la aprobación de urgencia de dos reales decretos-ley destinados a contener las subas de alquileres e interrumpir los lanzamientos residenciales, los cuales fueron rechazados posteriormente en el Congreso de los Diputados tras el voto conjunto de las bancadas de oposición e independientes.

El rechazo parlamentario a los Reales Decretos-ley 26/2026 y 27/2026 dejó sin efecto la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, la regulación sobre los arrendamientos temporales y la extensión obligatoria de los plazos contractuales. A pesar de que la mediación municipal permitió arribar a un acuerdo que facultará a la inquilina a retornar a su domicilio bajo un nuevo contrato por ocho años, la quiebra de la mayoría parlamentaria oficialista situó al Ejecutivo nacional ante una eventual reconsideración del cronograma electoral.