Antes de las elecciones de ese año, el Senado le pidió explicaciones al Gobierno de Mauricio Macri sobre la contratación de Smartmatic, mientras una nota de opinión acusaba que el sistema permitía manipular datos. Con la mira en 2027, qué se sabe y qué no.
Con las presidenciales de 2027 en el horizonte, volvió a circular en redes una polémica de hace casi siete años: la que rodeó a Election 360, el software de la empresa Smartmatic para capturar y transmitir los datos del escrutinio provisorio durante el gobierno de Mauricio Macri.
La contratación
El 10 de enero de 2019, Smartmatic informó en su sitio oficial que había sido seleccionada, mediante una licitación del Correo Argentino, para proveer el software de captura y transmisión de datos de los comicios de ese año. El sistema debía llevar los resultados desde los establecimientos de votación hasta el centro de cómputos.
Según versiones periodísticas citadas después en el Senado, la Dirección Nacional Electoral (DINE) habría firmado además un convenio con el entonces Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para tomar prestadas 15.000 netbooks del programa Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad), y la misma cantidad de equipos multifunción, para escanear y fotocopiar las actas en cada escuela.
Las acusaciones
El portal Rebelión publicó una nota de opinión con el título “Se prepara un fraude en las elecciones argentinas”. Sostenía que los resultados de unas 15.000 escuelas pasarían por el software y citaba al ingeniero Ariel Garbarz, quien afirmaba que su ficha técnica admitía que el comprador pudiera “transformar y manipular la información”. También aseguraba que la compra se había habilitado por decreto en enero, en violación del artículo 103 del Código Nacional Electoral, y que se habían eliminado los telegramas firmados por las autoridades de mesa. Son acusaciones de un medio y de un especialista consultado, y no surge de ellas ninguna prueba pública de que se haya alterado un resultado.
Cabe señalar que esa nota habla de una compra por decreto, mientras que el comunicado de la empresa y el pedido del Senado hablan de una licitación del Correo Argentino. Son versiones distintas.
El pedido de informes del Senado
El 17 de julio de 2019, el Senado aprobó el proyecto de comunicación DR-803/19, por el que pedía al Poder Ejecutivo que informara sobre la incorporación de tecnología al escrutinio provisorio en las PASO, las generales y un posible balotaje. El texto no acusa de fraude: formula preguntas, entre ellas:
- Copia de los pliegos, la evaluación técnica y todo el proceso licitatorio que terminó con la elección de Smartmatic.
- Si las netbooks eran aptas para el software y copia del convenio con Educación.
- Si el código fuente es abierto para facilitar su control y, en ese caso, si habría auditorías de la Justicia electoral, universidades nacionales u organismos no gubernamentales.
- Cómo se capacitaría a autoridades de mesa y fiscales para controlar el sistema.
- Qué previsiones existían de conectividad y qué protocolos se aplicarían si fallaba la transmisión digital.
Qué se sabe hoy de cara a 2027
No hay informe oficial, denuncia judicial ni documento público que indique que el actual Gobierno haya adquirido Election 360 o vaya a usarlo en 2027.
Lo que sí se discute es una reforma electoral que el oficialismo envió al Congreso. Según los medios que detallaron el proyecto, mantiene la Boleta Única de Papel, suma un casillero de “lista completa”, busca eliminar las PASO, endurece los requisitos para los partidos y cambia el financiamiento de las campañas. Para aprobarla hacen falta 129 diputados y 37 senadores, y el oficialismo reconoció que hoy no tiene los votos para eliminar las PASO. En ningún punto del proyecto, tal como fue informado, se reemplaza el voto en papel por el voto electrónico.
El escrutinio provisorio depende de la DINE; el definitivo y la organización de las elecciones, de la Justicia Electoral.
El debate de fondo
Qué tecnología se usa para el recuento, quién la provee y cómo se audita vuelve a cada elección. Las preguntas que el Senado hizo en 2019 (código abierto, auditorías independientes, capacitación de fiscales y planes ante fallas) siguen siendo las que organizan esa discusión.