El Gobierno nacional anunció que apelará la resolución judicial que impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida judicial exige la actualización de los haberes de docentes y no docentes, así como la transferencia de los fondos correspondientes a las becas de los estudiantes.

La sanción fue dictada por el juez federal Martín Cormick al constatarse el vencimiento de los plazos fijados para dar cumplimiento a la cautelar, a partir de un pedido formal elevado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Desde la Casa Rosada cuestionaron el fallo y la imparcialidad del magistrado, confirmando que interpondrán los recursos legales para intentar revertir la decisión.

Por su parte, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, destacó el alcance de la resolución al señalar que confirma de manera institucional la falta de aplicación de la norma aprobada por el Congreso. El fallo judicial advierte además que, en caso de persistir la demora en el envío de las partidas presupuestarias, la cifra diaria de la multa y la nómina de funcionarios alcanzados podrían sufrir modificaciones.