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Revés judicial para la desregulación del DNU 70/2023: La Corte Suprema devolvió al Estado la facultad de supervisar y autorizar las cuotas de las prepagas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei, mediante los cuales se habían suprimido las facultades del Estado para regular y autorizar los aumentos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal restituyó a la Superintendencia de Servicios de Salud la potestad de revisar, fiscalizar y autorizar los ajustes arancelarios de los planes privados, marcando un revés judicial para uno de los ejes centrales de la desregulación impulsada por el Poder Ejecutivo.

El origen del expediente y el alcance para los afiliados

El litigio se inició a partir de la acción judicial promovida por una afiliada cuya cuota de medicina prepaga registró un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. En una instancia previa, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucionales las normas cuestionadas y ordenado que las subas se ajustaran estrictamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Al revisar el caso, la Corte ratificó la invalidez de la desregulación, pero descartó imponer un tope automático atado a la inflación. En términos prácticos, la resolución implica:

  • Supervisión estatal: Las prepagas no tienen prohibido actualizar sus valores, pero deberán someter cada incremento a la aprobación de la autoridad de aplicación, que evaluará la evolución de los costos médicos y los cálculos actuariales de cada entidad.
  • Impacto en litigios pendientes: El fallo sienta un precedente clave para alrededor de 500 causas similares que aguardaban definición judicial en todo el país.
  • Sin reintegros automáticos: La sentencia no ordena la devolución generalizada de los montos ya abonados por los usuarios; cualquier eventual resarcimiento dependerá de lo que se resuelva en cada expediente particular.

Los fundamentos constitucionales del tribunal

Para invalidar ambos artículos, los jueces sostuvieron que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales exigidas por la Constitución Nacional para legislar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, eludiendo el trámite ordinario del Congreso.

Según el criterio de la Corte, las invocaciones genéricas a la crisis económica y a la búsqueda de mayor competitividad en el sector sanitario resultaron insuficientes para justificar la supresión urgente de los controles estatales. Finalmente, el tribunal aclaró que su pronunciamiento se circunscribe exclusivamente a los artículos 267 y 269, sin emitir juicio sobre la validez del resto del DNU 70/2023.

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