Interés General

Aprobación unánime con 71 votos en la Cámara alta El Senado convirtió en ley el régimen permanente de discapacidad y fijó plazos para pagar deudas a prestadores

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre, por unanimidad de 71 votos afirmativos, el nuevo régimen permanente de protección integral para las personas con discapacidad, normativa que reemplazará a la emergencia del sector vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

Fruto de un amplio consenso parlamentario entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición, la ley busca otorgar previsibilidad jurídica, asegurar la continuidad de las prestaciones básicas y establecer mecanismos claros de financiamiento y actualización arancelaria.

Los ejes centrales de la nueva normativa

El texto sancionado por la Cámara alta fija pautas concretas en materia previsional, laboral y sanitaria:

  • Pensiones no contributivas: Se mantienen vigentes con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima, sujetas a los mecanismos de movilidad correspondientes.
  • Compatibilidad laboral: Habilita a los titulares a percibir la pensión en simultáneo con un empleo registrado o actividades incluidas en regímenes tributarios simplificados, siempre que sus ingresos totales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
  • CUD y nomenclador: Ratifica la validez del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como llave de acceso a los derechos asistenciales y consolida un nomenclador universal para fijar valores de referencia en atención y rehabilitación.
  • Cobertura sanitaria: Garantiza la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 a través del Programa Federal Incluir Salud, eje sobre el cual el senador santiagueño Gerardo Zamora había advertido horas antes respecto a la urgencia de revertir el desfinanciamiento y el congelamiento de cápitas.

Cancelación de deudas con prestadores y auditorías

Uno de los capítulos más sensibles de la ley obliga al Poder Ejecutivo a presentar, dentro de los 30 días, un cronograma formal para saldar las deudas acumuladas con los prestadores del sistema, fijando un plazo máximo de 90 días para cancelar los montos pendientes. Asimismo, establece auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre ANSES, ARCA y el Renaper, resguardando el derecho de defensa y el debido proceso de los beneficiarios.

Durante el debate en el recinto, el titular de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde, destacó la importancia de dotar al sistema de reglas estables, mientras que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, valoró el acuerdo multipartidario alcanzado. Desde la oposición, en tanto, la senadora Alicia Kirchner y otros referentes remarcaron la necesidad de asegurar la capacidad operativa y las partidas presupuestarias efectivas para su ejecución.

Tras la sanción definitiva del Congreso, la ley será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior reglamentación.

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