Garavano, Torello y el prófugo Rodríguez Simón fueron convocados por la comisión de Diputados, pero informaron que no concurrirán a la Cámara baja para «no legitimar» el proceso que se lleva adelante contra los integrantes del máximo tribunal.
El exministro de Justicia de Juntos por el Cambio (JxC) Germán Garavano; el senador José Torello, exjefe de asesores de Presidencia, y el prófugo Fabián Rodríguez Simón, exasesor judicial de Mauricio Macri, fueron citados a declarar este martes en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso contra la Corte Suprema, pero los exfuncionarios ya anunciaron que no concurrirán.
La citación es para que expongan por el fallo del «2×1» en favor de genocidas condenados, dictado en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las cuales son acusados los ministros del máximo tribunal.
Sin embargo, fuentes legislativas revelaron que los exfuncionarios no irían y que ya habrían notificado a los diputados las razones de su inasistencia.
En ese sentido, trascendió que Garavano informó «por nota que estará participando de una actividad laboral en Córdoba, adjuntó copia de los pasajes y quedó a ‘disposición de la Comisión’, según surge de la misma nota».
Torello elevó un escrito a la comisión en la que dijo que «la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular».
«Su pretensión constituye un menoscabo a los fueros que protegen el ejercicio de la función legislativa que ejerzo y para la que fui votado por el pueblo de la provincia de Buenos Aires», agregó el senador nacional del PRO.
Además habría advertido que de presentarse quedaría inhabilitado luego en su rol de juzgador si el tema llega al Senado.
A Rodríguez Simón, se le había enviado una nota a Interpol para requerir los pasos a seguir para su presentación, pero la Policía Internacional respondió «explicando que no lo puede detener porque aún no se resolvió su pedido de refugio político en Uruguay, que está a estudio de la Corte de ese país«, dijeron las fuentes.
En cuanto al exviceministro de Justicia Santiago Otamendi -también citado para este martes-, al parecer, según habría avisado de modo informal, también estaría de viaje y no podría estar, añadieron los portavoces.
La comisión que preside Gaillard (Frente de Todos) convocó, además, desde las 13, a Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctima e hija de una víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, respectivamente.
Estos testimonios se darán en el marco del proceso que sustancia la comisión que analiza la conducta de los jueces de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Fuentes parlamentarias no descartaron que los exfuncionarios de Macri no concurran, en un movimiento destinado a «no legitimar» el proceso que se lleva adelante en la comisión de Juicio Político.
La citación a Garavano fue iniciativa del diputado del FdT Rodolfo Tailhalde, quien propuso además convocar al exfuncionario y operador judicial del anterior Gobierno «Pepín» Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, prófugo de la justicia.
Para citar a Rodríguez Simón, Gaillard envió una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento a llevar adelante «para garantizar que el testigo que se encuentra prófugo de la Justicia argentina comparezca a dar testimonio en la comisión».
También pidió la citación del abogado y exsecretario de Justicia macrista Otamendi; del extitular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Horacio Diez y de los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del ‘2×1’ emitido por la Corte durante el gobierno de JxC sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
En tanto, para las 14.30 pidió que comparezcan Cuervo, trabajadora del Hospital Posadas, víctima de un grupo de tareas comandado por el represor Luis Muiña, el beneficiado por el fallo del «2×1» de la Corte; Zulema Chester, hija del desaparecido Jacobo Chester, también del Posadas; a Morgenstern y Elías, de la vocalía de Rosenkrantz, y al abogado Marcelo Mazzeo, citado en la ultima reunión de comisión pero que no concurrió.
La ausencia anterior
En su ultima reunión, la comisión resolvió pedir al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las «medidas disciplinarias correspondientes» contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario.
Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento de Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.
El martes 28, en tanto, se realizaría la audiencia sobre el expediente referido a los fallos relacionados con la coparticipación, para lo cual fueron citados el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
De todos modos, esa fecha podría cambiar debido a que ese día podría haber una sesión especial para abordar el tema de los tribunales federales de la provincia de Santa Fe para atender la situación de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario.
Los diputados analizan una batería de pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte, de los que se destacan los impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional y gobernadores oficialistas, relacionados con su fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación y la resolución de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, que lo retrotrajo a su formación inicial de 20 integrantes y puso su presidencia en manos del también titular del máximo tribunal, en esta instancia Rosatti.
Fuente: Télam.