La Inspección General de Justicia había revelado que utiliza en forma irregular al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) para recaudar fondos y costear actividades proselitistas.

   

Después de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que reveló que Patricia Bullrich utiliza la fundación que encabeza para financiar su campaña electoral, la presidenta del PRO contraatacó con una denuncia penal -presentada a través de la abogada Silvina Martínez- en contra del titular del organismo, Ricardo Nissen. La presentación acusa al funcionario de usar su cargo para perseguir a quien describe como la «principal dirigente opositora». Entre otras cosas, defiende las donaciones que el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) recibe y cuestiona que se hayan difundido los nombres de las personas y empresas que hicieron aportes (pagando supuestos seminarios) por 90 millones de pesos -solo en 2022-. Pero omite un asunto central: el uso ilegítimo que se habría dado a ese dinero, para costear actividades de la campaña política de Bullrich con el pago de pasajes, alojamiento y catering, honorarios para ella misma y Gerardo Milman, consultorías y hasta gastos de la sede de lo que era la agrupación Unión por la Libertad, fusionada con el PRO. 

Lo que irritó a Bullrich y su entorno fue que esta semana trascendiera la decisión de la IGJ de pedir la intervención judicial del IEES y hacer una denuncia ante el fuero electoral por la posible violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos. La IGJ sacó conclusiones en base a documentación que la propia asociación presentó ante una intimación del organismo. Los especialistas detectaron que esta entidad sin fines de lucro, cuyo objeto desde 2019 está enfocado en cuestiones y políticas de seguridad, es utilizada para recibir sumas millonarias para canalizarlas y solventar gastos de la campaña presidencial de Bullrich, en especial desde el año pasado. Además de que los aportes proselitistas deben ser declarados como tales, aparecen incluso donaciones de dos casinos y empresas contratistas del Estado, que tienen vedado colaborar con la política. 

La acusación

La denuncia de la abogada Martínez quedó radicada en el Juzgado 12, que está vacante, y lo subroga el juez Ariel Lijo. Le adjudica a Nissen los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La acusación consiste en atribuir a la IGJ «criminalizar y cerrar las ONG» que «no sean afines al gobierno kirchnerista», «para perseguir opositores». Dice que no es compatible con su función.  

Entre algunas chicanas, elucubra que Nissen quiso encubrir a Cristina Fernández de Kirchner, y le adjudica haber sido su abogado, algo impreciso, ya que representó en una ocasión a sus hijos, pero no a ella. Ataca -con otro recurso habitual de la oposición- al Instituto Patria con el argumento de que la IGJ no lo investiga: lo cierto es que gestión macrista había sacado una resolución para exigir información al Patria, pero la Cámara Civil por unanimidad la revocó. Le cuestiona también haber hecho pública «información sobre el financiamiento» del IEES de Bullrich, «violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa». «Cualquier entidad requiere de recursos para la consecución de sus fines sociales», dice el texto. Lo que sucede es que la IGJ sostuvo que no usa el dinero (al menos en parte) para esos fines sociales sino para actividades políticas de la líder del PRO y lo sustentó en documentación. La denuncia no refuta este punto, que es clave en la resolución que advierte sobre un doble mecanismo: la asociación junta plata a cambio de supuestos seminarios, que en realidad son almuerzos/encuentros con empresarios donde Bullrich consigue apoyo económico para su actividad política. 

«La IGJ, durante mi gestión, no ha efectuado ninguna política de persecución contra ninguna persona física ni jurídica. Sí se hicieron investigaciones que, como en el caso del IEES, culminaron con decisiones desfavorables para dichas entidades. La labor de la IGJ es de investigación del funcionamiento de las sociedades anónimas, asociaciones civiles y fundaciones, que se inician por denuncias o por haber tomado estado público alguna actuación de las mismas que afectan el interés general», le dijo Nissen a Página/12. «Son innumerables los casos en los que, en mi gestión, se dispuso iniciar acciones de nulidad o disolución contra sociedades inexistentes o simuladas o pedir la cancelación de la autorización para funcionar de un enorme número de fundaciones, sin actividad ni domicilio», sostuvo. También afirmó que no se violó ningún «derecho a la privacidad» y que actuó dentro de sus facultades de fiscalización y de policía. 

Qué dicen los papeles

Los ingresos por 90 millones de pesos (entre el cobro de eventos y donaciones) contrastan con el monto percibido por la ONG dos años antes: 741,93 pesos. Los seminarios/almuerzos comienzan en 2021. La facturación no especifica de qué se trata, ni fecha, ni lugar, ni número de participantes. Entre las empresas y personas que aparecen contratando las supuestas capacitaciones hay más de una decena del mundo agropecuario, desde Aceitera Deheza hasta y un personaje conocido, David Lacroze Ayerza, que fue presidente de la Junta Nacional de Granos en 1980 y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural, además hacerse notar por haber escrachado a CFK cuando viajaba a Cuba a ver a su hija. 

Son cerca de 400 firmas en total de todo tipo de rubros. La Cooperativa Empresa Eléctrica Godoy Cruz pagó 1.600.000 pesos entre julio y octubre pasados, primero como «aporte/donación» y luego como «seminario». Esto se repite en otros casos, como la aseguradora Mercantil Andina S.A: los mismos montos por distintos conceptos. También contrataron el supuesto seminario el Banco Galicia, Mirgor SA (el mayor grupo ensamblador de Tierra del Fuego, de Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri), y Sar Suela SRL, que llegaron a pagar 9 millones. También figuran el Casino Melincué y el Casino Puerto Santa Fe. La pregunta es: ¿que relación tendría la actividad de todas estas firmas con cursos de seguridad? 

La IGJ reconstruyó parte de la gira de campaña de Bullrich por provincias como La Pampa y Córdoba, y detectó que los medios locales relataban sus visitas -sin vueltas- como reuniones con empresarios para que le aportaran dinero. Después aparecían como quienes pagaban los almuerzos o contrataban los cursos. La IGJ señaló «una evidente sincronización entre las acciones políticas de Patricia Bullrich, presidenta de la institución, y los aportes y pagos en concepto de seminarios». Proporcionó una lista de «aportantes» que hacían su pago justo para la época que Bullrich visitaba sus pueblos o ciudades. 

La otra cara de la historia es qué hacía o hace la fundación que dirige Bullrich con los millones que recibió. Algunos ejemplos de la resolución: 

* Según la IGJ, paga pasajes aéreos y alojamiento para la presidenta del PRO cuando viaja a distintas provincias para hacer campaña. Las facturas fueron entregadas por la propia fundación y el organismo pudo verificar por publicaciones periodísticas y hasta los tuits de la misma Bullrich que eran visitas proselitistas. También le pagó un viaje a Miami a un evento al «Interamerican Institute for democracy», donde exhibió para la foto un cartel con su lema partidario «la fuerza del cambio». 

* El IEES paga las facturas de Telefónica de cuatro líneas fijas a nombre del partido Unión por la Libertad, liderado por Bullrich y que años atrás le permitió postularse a jefa de gobierno porteño. La tesorera de esa fuerza era la misma del instituto (del cual fue también asociada), Silvia Miriam Elizabeth Turetzky, quien se ocupó de responder los requerimientos de la IGJ. 

*Algunos nombres de la comisión directiva del instituto, según la IGJ, coinciden con el equipo político de Bullrich. El diputado Milman la integró y fue su jefe de campaña, hasta que quedó salpicado por el atentado a CFK. Lo reemplazó Juan Pablo Arenaza, que fue presidente de Unión por la Libertad. Milman y otros asociados y directivos del IEES cobraron honorarios de la asociación, incluso la propia Bullrich se llevó 3.550.000 pesos de honorarios. Milman facturó 2.766.170 por supuestos servicios de «coordinación de equipos». El legislador tiene una causa por facturas dudosas, entre las cuales figuran las del Instituto. Según el Código Civil y Comercial, una asociación civil no puede reportar lucro para sus miembros o terceros. Sólo puede haber pago de honorarios con permiso de la IGJ, que no existió. 

* La asociación pagó el año pasado más de 7 millones de pesos en consultorías por «consecución, almacenamiento y análisis de datos relevados, planificación, conclusiones y seguimiento»; «relevamiento, monitoreo y evaluación del clima social»; «estrategias comunicacionales en el ámbito político y privado, estudios de mercado y análisis del discurso». Hay pagos también a consultores de campañas y expertos en procesos electorales. No parecen asuntos relacionados con una ONG especializada en seguridad.