Haciéndose la desentendida acerca de por qué un perito pasó 4 hora eliminando todo del celular de la secretaria, advirtió: «El 10 de diciembre, conmigo el kirchnerismo se acaba».

Por Página 12.- Este lunes, tras la revelación de Página/12 que consignó que una de las secretarias del diputado del PRO, Gerardo Milman, aseguró que fue obligada a borrar el contenido de su celular en las oficinas de la entonces presidenta del PRO, Patricia Bullrich, luego del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hubo un amplio repudio por parte de todos los sectores que conforman el oficialismo.

Temprano, la vicepresidenta compartió la publicación que hizo un diputado de Brasil con la tapa de Página/12 y escribió: «Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el primero de septiembre». Minutos después, el presidente Alberto Fernández pidió que Bullrich y Milman den explicaciones. También publicaron comunicados en repudio el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa; el PJ nacional; los bloques de Diputados y Senadores del Frente de Todos; el ministro de Justicia, Martín Soria y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, entre otros.

«Estoy impresionado con lo que se conoció», dijo el Presidente sobre la revelación de este diario y opinó que se trata «de algo vergonzoso con todas las letras. Algo definitivamente imperdonable en términos institucionales». En el marco de un acto que compartió con el reelecto gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, el Presidente subrayó que «los que tienen que dar explicaciones son Patricia Bullrich y Gerardo Milman, que indujeron a esa empleada a hacer lo que hizo». 

La única que se animó a hablar del tema dentro del universo opositor fue la propia Bullrich. Pero, en lugar de dar explicaciones, prefirió cuestionar al Presidente y escalar en el nivel de confrontación y violencia. Compartió lo que Fernández dijo en La Rioja y disparó: «Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno». Por último, cerró su intervención con una amenaza: «Conmigo el 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba», escribió.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró que la situación merece que JxC diga qué va a hacer con el diputado Milman. Rossi recordó que la Cámara de Diputados contempla en su reglamento que cuando hay inhabilidades morales sobrevinientes e inconductas que se generan, no previo a la asunción del cargo sino con posterioridad,  un legislador puede ser separado de la función y agregó que “claramente hay un intento de encubrir, esconder e imposibilitar la acción de la Justicia, que ahora tiene que averiguar por qué tomaron esa decisión de limpiar los teléfonos, por qué lo hicieron en el local de las actividades políticas de Bullrich y por qué estaba Milman involucrado». El jefe de los ministros dijo en declaraciones televisivas que el hecho es «gravísimo», e ironizó: “Ahora entendemos por qué la presidenta en uso de licencia del principal partido de la oposición no condenó el intento de magnicidio”. Algo que también recordaron el diputado Leopoldo Moreau y el abogado de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira, en diálogo con este diario.

La querella de CFK, tal como adelantó Página/12, pidió protección para la exasesora de Milman, Ivana Bohdziewicz. Ubeira recordó que la mujer se acercó esta vez a declarar a Comodoro Py diciendo que había sido presionada «de todas las formas posibles», y que por eso la necesidad de protección a la testigo «es urgente». El Presidente también habló sobre Bohdziewicz. Dijo que valora mucho el gesto de esa empleada que, seguramente, «sintiendo que podía correr riesgos se animó a decir la verdad y ahora, con esa verdad, podemos saber cómo se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar».

El ministro de Justicia, Martín Soria, publicó en sus redes sociales un mensaje que decía: «En ocho meses de ¿investigación? la jueza Capuchetti, empleada de (Horacio) Rodríguez Larreta, dejó que se borrara más prueba que la que pudo producir. Por inhabilidad y por encubrir a Caputo y Bullrich, demostró que no puede seguir a cargo de la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner». La querella de la vicepresidenta añadió que incorporarán este episodio al pedido de recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti, que hicieron ante la Corte Suprema con anterioridad.

Desde el Frente Renovador decidieron publicar un comunicado en el que marcaron un paralelismo entre las amenazas de muerte que sufrieron Massa y su familia con lo ocurrido con la vicepresidenta. «El sábado se conoció la probation con aceptación de culpabilidad de 10 personas que en tribunales reconocieron haber amenazado de muerte a Sergio Massa y a su familia», comenzaron. Luego agregaron: «El domingo se conoció que la secretaria de un diputado de la oposición aceptó que borraron todos los mensajes vinculados al intento de homicidio de la vicepresidenta, en presencia de la presidente del principal partido de la oposición y eventual candidata a presidente».

En esa línea, desde el FR cuestionaron que por parte de la oposición no hubo «ni una voz de condena, ni un solo mensaje de solidaridad», y opinaron que «el silencio como forma de convalidación de la violencia política nos traslada a las épocas más oscuras de la Argentina». «Exigimos repudio y condena antes de que la idea del ‘vale todo’ se transforme en la regla y lleve a la Argentina a un mal lugar», subrayaron y exigieron que el Poder Ejecutivo que «se involucre para que la violencia no sea la regla y se garantice la convivencia democrática». Desde el PJ nacional llamaron a «toda la dirigencia social» a efectuar una condena a este tipo de hechos «para que la violencia no se transforme en la forma de hacer política».

Los bloques de Diputados y Senadores del FdT hicieron lo propio. Ambos compartieron comunicados. El interbloque de senadores exigió a la Justicia Federal que profundice todas las líneas de investigación en relación al atentado. «La excolaboradora del exjefe de campaña de Bullrich reconoció que posterior al intento de asesinato contra la Vicepresidenta, se vaciaron de igual forma los celulares de Carolina Gómez Mónaco, otra asistente del diputado, y del propio Milman. Se trata de un hecho de profunda gravedad que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias», añadieron y pidieron que la jueza federal Capuchetti y el fiscal Rívolo investiguen todas las pistas. Por último, señalaron que el país necesita contar con una justicia que cumpla con su función y que no sea cómplice ni encubridora de un hecho «tan aberrante como un intento de magnicidio».

Los diputados del FdT expresaron la preocupación, a partir de conocer la información que publicó Página/12, y remarcaron que la situación es extremadamente grave porque, a pesar de los pedidos de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, esa línea de investigación «nunca fue profundizada por el fiscal Rívolo y la jueza Capuchetti». El diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, añadió en diálogo con este diario que lo ocurrido «constituye un hecho bochornoso que, en un país sin esta connivencia entre el aparato judicial y el círculo rojo, hubiese hecho saltar por el aire a la jueza; a la candidata a presidenta del macrismo, Patricia Bullrich, y al propio Milman». «El juicio político a la Corte tiene que ser el principio del fin de una época infame», concluyó.