La ONU se mostró en contra de la reforma constitucional y expresó su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

   

Jan Jarab, representante para América del Sur de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ha enviado una carta al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en la que expresa la preocupación de la organización por la reforma constitucional en la provincia y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

El objetivo principal de la carta es manifestar la inquietud respecto a la forma en que se han gestionado las recientes protestas por parte de las autoridades de seguridad y algunas de las disposiciones incluidas en la reforma constitucional provincial aprobada.

En su comunicación, Jarab hace un llamado al diálogo constructivo e intercultural, destacando la importancia de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y otras partes interesadas para superar la crisis que atraviesa la provincia de Jujuy. La Oficina considera crucial evitar una escalada de violencia.

En la carta se hace mención también a los heridos durante la represión, y se señala que se han recibido informes que sugieren un uso indebido de la fuerza contra las personas durante las manifestaciones. Según los informes, al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas un joven de 17 años que sufrió graves daños oculares y otra persona que habría sufrido un traumatismo craneal, presuntamente debido al uso de armas menos letales disparadas directamente hacia la parte superior del cuerpo. Además, se informó sobre detenciones y procesamiento judicial de manifestantes, líderes de comunidades indígenas, una legisladora provincial y dos periodistas, así como obstáculos para el trabajo de defensores de derechos humanos.

Por otro lado, la ONU también menciona que ha recibido información sobre actos violentos cometidos por algunos individuos y la incursión de personas en las instalaciones de la legislatura de Jujuy durante una protesta pacífica en las cercanías.

No obstante, la carta continúa citando los derechos humanos relacionados con las manifestaciones pacíficas: «El ejercicio del derecho de reunión requiere que sea pacífico: los actos de violencia no están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

«Sin embargo, los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos han destacado que ‘la mera interrupción del tráfico o de las actividades diarias no equivale a violencia’. Esto es relevante en el contexto de la reforma constitucional provincial que prohíbe los cortes de calles y rutas y cualquier otra perturbación del derecho a la libre circulación de las personas. Esta disposición no está en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos», afirma Jarab.