La Cámara Federal porteña ordenó este miércoles el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado nacional Gerardo Milman no entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaecido el 1 de septiembre del año pasado.

El tribunal le ordenó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que avance con la medida pedida por la querella y por el fiscal Carlos Rívolo, para lo cual deberá solicitar la autorización de la Cámara de Diputados, tal como establece la Ley de Fueros invocada en la resolución.

La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira tras detectar que Milman había entregado a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max que apareció en el mercado después de la fecha en el que se produjo el atentado.

Días atrás, además, la Gendarmería Nacional le informó a la jueza Capuchetti que la tecnología de la que dispone esa fuerza no es suficiente para extraer información de ese teléfono por lo que la magistrada le consultó a la defensa de Milman si el diputado está dispuesto aportar el patrón de desbloqueo, informaron fuentes judiciales.

En tanto, en el fallo de ocho páginas firmado este miércoles, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi hicieron lugar al pedido de allanamiento y secuestro de los restantes teléfonos celulares que podría tener en su poder el diputado nacional de Juntos por el Cambio y revocaron una resolución de primera instancia.

El pedido obedecía a que conforme surgía de los informes recabados ante empresas de telefonía, Milman habría utilizado otros celulares durante el lapso temporal de interés para la investigación, a pesar de lo cual solo había aportado un aparato que habría estado disponible a la venta luego de la fecha del atentado.

«Resulta necesario destacar que no se desconoce que los cambios de celulares infieren en la mayoría de los casos una transferencia de datos del teléfono anterior, pero no puede descartarse la posible existencia de parámetros técnicos que permitan obtener información borrada o modificada en el aparato original«, sostuvo el juez Bruglia en su voto.

Bertuzzi, por su parte, remarcó que «cabe poner de resalto la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación; en virtud de lo cual entiendo que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa».

Por su parte, el juez Mariano Llorens invocó su posición de resoluciones anteriores para señalar que no habían aparecido pruebas nuevas que lo hiciera virar de su negativa a habilitar el secuestro del celular del diputado Milman.

Sin embargo, consideró «oportuno reparar en la actitud adoptada por el nombrado frente a lo resuelto: presentarse en la sede del juzgado para cumplir con una manda judicial y aportar un celular adquirido, cuanto menos, dos meses después de la fecha del hecho aquí investigado».

«No descarto que, en alguna medida, su accionar pueda constituir un riesgo procesal vinculado con el ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación circunstancias que, llegado el caso, deberán ser evaluadas», expresó el magistrado.

La denominada «pista Milman» se inauguró el 23 de septiembre del año pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto del 2022, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Ivana Bohdziewicz) que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.