La oposición venezolana, mayormente reunida en la Plataforma Unitaria, defiende la soberanía del país sobre el Esequibo, pero rechaza la forma de la consulta y el momento, a las puertas de una elección en la que Nicolás Maduro se juega la chance de otro mandato.

   

Algo más de 20 millones de venezolanos están llamados a votar este domingo en un referéndum sobre el litigio que el país mantiene hace años con Guyana por la soberanía del Esequibo, un territorio rico en petróleo y minerales que siempre estuvo bajo dominio guyanés.

La consulta parece de resultados previsibles pero de cumplimiento complejo, y en el medio quedó también la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, aunque Caracas rechaza que el tribunal atienda el tema.

La CIJ le ordenó este viernes a Venezuela que no adopte ninguna medida que cambie el statu quo con Guyana, pero evitó opinar sobre la consulta de este domingo, por lo que ambos gobiernos celebraron el fallo: el de Nicolás Maduro porque el tribunal no objetó la consulta, y el de Irfaan Ali porque Caracas no puede disponer la anexión ni la invasión al Esequibo.

El referendo tendrá un esquema similar al de las elecciones: hay 20.694.124 ciudadanos habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), habrá 28.027 mesas en 15.857 centros y se podrá sufragar de 6 a 18 (7 a 19 de la Argentina).

El referendo fue impulsado por el Ejecutivo, aprobado casi de inmediato por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y montado en tiempo récord, aunque cuestionado por Guyana ante la CIJ.

Los venezolanos deben responder estas cinco preguntas:

1-¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

2-¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

3-¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la CIJ para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

4-¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?

5-¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?

La redacción encierra algunas curiosidades: la pregunta 1 pide opinar sobre una imposición “fraudulenta”; la 3 parece tardía porque aunque Venezuela desconozca la jurisdicción de la CIJ, el tribunal ya analiza el caso y Caracas se presentó y defendió su posición; y la 5 invita a decidir sobre un punto de cumplimiento casi imposible, a menos que se piense en la vía militar.

En La Haya, Guyana pidió que se declare ilegal el referendo, una pretensión que parece igualmente desmedida.

La oposición venezolana, mayormente reunida en la Plataforma Unitaria, defiende la soberanía del país sobre el Esequibo -que Caracas denomina Guayana Esequiba-, pero rechaza la forma de la consulta y el momento, a las puertas de una elección en la que Maduro se juega la chance de otro mandato.

La disputa por el Esequibo

Es más que añeja, pero revivió en los últimos años a partir del anuncio del descubrimiento de importantes reservas petroleras, que la estadounidense ExxonMobbil explota en aguas reclamadas por Caracas, más la presencia militar de Estados Unidos en la zona.

En base a un mapa de la corona de España del siglo XVIII, Venezuela reivindica como propio desde 1844 ese territorio de 159.542 kilómetros cuadrados, equivalente a 74,2% de los 214.970 kilómetros cuadrados en poder de Guyana y que nunca estuvo bajo soberanía efectiva española ni venezolana.

Caracas y Georgetown buscaron resolver el conflicto mediante vías que no dieron resultado -un arbitraje en 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966 que promovió negociaciones bilaterales y la gestión de buenos oficios de la ONU, a partir de 1987- pero sin que el asunto se convirtiera en un foco de tensión preocupante para ambos países ni, por lo tanto, para la región.

La situación comenzó a cambiar en 2015, cuando ExxonMobbil anunció el descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek, en el océano Atlántico, que, según el Gobierno de Guyana, contiene reservas por 700 millones de barriles y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, es la segunda mayor área del mundo con crudo sin explorar.

La primera reacción de Maduro fue crear cuatro “zonas de defensa integral marítima e insular”, una de las cuales abarca el área “en reclamación”, lo que generó el rechazo de Guyana, pero también de Surinam y la Comunidad del Caribe (Caricom).

El valor de la reserva parecía tal que el Banco Mundial pronosticó en 2020 que Guyana sería el país con mayor crecimiento económico y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuantificara esa evolución en 86%.

El litigio llegó a la CIJ en junio de 2020 y en diciembre el tribunal se declaró competente para entender en la controversia, pese a que Caracas le negaba facultades.

Para entonces, la Caricom había expresado su apoyo a “la soberanía e integridad territorial” de Guyana, mientras Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y el ahora desaparecido Grupo de Lima se pronunciaron también a favor del pequeño país.

Guyana había pedido a La Haya que frenara el referendo y Caracas lo había ratificado.

El fallo de ayer evitó la cuestión y dispuso una suerte de «no innovar». La CIJ resuelve disputas entre Estados y sus decisiones son vinculantes, pero no tiene ningún mecanismo para asegurar su cumplimiento.