El nuevo texto de la Ley Ómnibus contempla algunos de los cambios que exigía la «oposición dialoguista». A pesar de ello se prevé que el oficialismo no logre obtener el dictamen de comisión a tiempo para sesionar el sábado.
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, recibió este jueves por la tarde en su despacho al ministro de Interior, Guillermo Francos, quien le presentó el nuevo texto corregido por la Casa Rosada del proyecto de Ley Ómnibus tomando en cuenta algunos de los cambios exigidos por un sector de la oposición.
Más tarde se sumó al encuentro Santiago Caputo, estrecho colaborador del presidente Javier Milei, seguido del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo y la diputada nacional del mismo partido María Eugenia Vidal.
La reunión con el PRO es la primera de varias reuniones que se llevarán adelante, por separado, con cada uno de los bloques de la oposición, exceptuando Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, con los que estiman que no hay ninguna posibilidad de acuerdo.
El siguiente en ingresar al despacho de Menem fue el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, quien lidia con una interna agrietada dentro de su bloque, con un sector más propenso a acompañar y otro con ganas de romper.
Luego se sumaron el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, y el diputado libertario Oscar D’Alessandro.
Con el PRO más cerca de acompañar el dictamen del oficialismo pese a algunos dudas con ciertos artículos, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tomaron la iniciativa para condicionar su apoyo a la remoción de cinco puntos del proyecto con los que a priori no van a aceptar.
“No hay posibilidades materiales de que mañana haya un dictamen serio”, sostuvo, desconfiado, un importante líder de este conglomerado opositor.
En ese sentido, se encontraban esta tarde ultimando su propio dictamen los diputados nacionales Oscar Agost Carreño (Cambio Federal), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Mariela Coletta (UCR) y el asesor y ex diputado Fernando Sánchez.
Este dictamen alternativo incorpora únicamente los temas económicos, fiscales y energéticos, otorgando facultades delegadas al Poder Ejecutivo por solamente un año y no dos años (y otros dos prorrogables) como pretendía inicialmente el Gobierno.
Este proyecto opositor, además, reduce las alícuotas de derechos de exportación, incorpora una fórmula de movilidad atada a la inflación como la que implementó el Gobierno de Cambiemos, y supedita las privatizaciones de empresas públicas al envío del pliego de términos y condiciones al Congreso nacional.
Sobre este punto, dejan afuera del paquete de 41 privatizaciones que pretende el Gobierno las siguientes empresas públicas: YPF, Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica, por lo que avalan la conversión de la naturaleza jurídica de las restantes 35 compañías estatales sujetas a privatización.
En tanto, acompañan la eliminación de la «ley Guzmán» que obligaba a pedir autorización al Congreso para el endeudamiento, aunque sujetan estas operaciones de toma de crédito al control de la comisión bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
“No le vamos a pedir lo que no le pedimos al Gobierno de Macri”, justificaron altas fuentes de Hacemos Coalición Federal.
Por otra parte, el dictamen de este sector de la oposición dialoguista autoriza el traspaso al Tesoro del paquete accionario del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, aunque especifica que esos recursos se utilicen para la cancelación de deudas de las provincias.