Sería mediante un decreto que alcanzaría a los organismos estatales que tienen contemplados en sus estatutos la posibilidad de que, ante el fallecimiento de un empleado, pueda reemplazarlo un familiar o cónyuge. Entre ellos se encuentra el Banco Central y la ex-AFIP, entre otros.
El Presidente Milei avanzará con una medida que provocará un nuevo eje de conflicto con la «casta» política». Y es que en las próximas horas, el Gobierno anunciará la eliminación de la herencia de cargos políticos en órganos y entes del Estado.
Sería mediante un decreto que alcanzaría a los organismos estatales que tienen contemplados en sus estatutos la posibilidad de que, ante el fallecimiento de un empleado, pueda reemplazarlo un familiar o cónyuge. Entre ellos se encuentra el Banco Central y la ex-AFIP, entre otros.
El polémico derecho había sido derogado en 2018, mediante el decreto 732/2018, durante la presidencia de Mauricio Macri pero fue ser restituido por Alberto Fernández.
La medida abarcaba a la Administración Nacional (administración central y organismos descentralizados), empresas y sociedades y entes públicos donde el Estado nacional tenga el control mayoritario
«Resulta oportuno ratificar los principios bajo los cuales las personas deben ser seleccionadas para acceder al cargo público sobre la base de su idoneidad para ejercerlo, acreditada a través de un proceso que no conceda privilegios o preferencias discriminatorias y reñidas con el derecho de igualdad», decía dicha norma.
En marzo de este año, el diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni había presentado un proyecto de ley al respecto. «Hay varios órganos y entes del sector público nacional que otorgan una curiosísima y descarada prerrogativa de sangre a sus empleados de planta permanente», advertía el legislador.
En ese sentido, subrayó que hay espacios en los que se prevé, ante la muerte de un empleado, que sus hijos, cónyuges o convivientes tienen “derecho” a «heredar el puesto».
La iniciativa buscaba instruir a las autoridades de los organismos de la Administración Pública a revisar y derogar las normas internas que regulan este privilegio sumado a la aplicación de sanciones a los funcionarios que dicten normas internas que vulneren la prohibición.