La privatización de la Hidrovía, el corredor fluvial más estratégico para el comercio exterior argentino, ha ingresado en una etapa de fuertes cuestionamientos tras la publicación del Acta de Evaluación del Sobre 1. Aunque las empresas belgas Jan de Nul y DEME lideran la carrera técnica, el proceso está bajo la lupa por la presunta configuración de un esquema de «socios ocultos» y pliegos diseñados para excluir competidores internacionales, particularmente a los grupos de capitales chinos.
El filtro de los pliegos y la falta de competencia
Desde sectores especializados se advierte que las condiciones financieras y técnicas establecidas en la licitación actuaron como un embudo que dejó fuera a oferentes competitivos. Esta exclusión de empresas asiáticas ha generado suspicacias sobre un posible direccionamiento del negocio, permitiendo que la competencia real se reduzca y abriendo la puerta a ofertas con potenciales sobrecostos. Actualmente, las firmas excluidas disponen de una semana para presentar objeciones ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Los nombres detrás del negocio
La principal preocupación radica en lo que analistas denominan un «misterioso pase de manos». Se sospecha que, tras la adjudicación a los gigantes internacionales, el control operativo recaería en actores locales mediante subcontrataciones. Entre los nombres que emergen en esta trama se destacan:
- Grupo Neuss: Los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes mantienen un vínculo estrecho con Santiago Caputo y son señalados como aportantes clave de la Fundación Faro, el think tank oficialista.
- Mauricio Macri y Grupo Román: El consorcio de Alfredo Román (CSM) se posiciona como el principal referente local, contando con el respaldo estratégico del expresidente.
- Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías: Referentes del sector portuario que se perfilan para manejar áreas específicas como el balizamiento y los servicios complementarios.
Una convergencia política y económica
La licitación parece haberse convertido en un terreno de neutralidad donde las fricciones entre el PRO y La Libertad Avanza quedan de lado. Los analistas sugieren que el proceso está diseñado para que el negocio, valuado en miles de millones de dólares, quede en manos de un entramado societario vinculado directamente al entorno presidencial y al macrismo, utilizando la fachada de una licitación internacional para consolidar el control local sobre la vía navegable.