El proyecto de ley promovido por la senadora radical Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio sumó el repudio de entidades internacionales como la OEA y la ONU, que advirtieron sobre el impacto de la iniciativa en el acceso a la justicia y el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. La propuesta, respaldada por el Poder Ejecutivo, fue modificada en las comisiones del Senado para ampliar las sanciones a denuncias sobre delitos graves o aquellos que deriven en restricciones familiares y patrimoniales.

Advertencias de organismos e instituciones

Diversos comités y organizaciones señalaron objeciones centrales sobre el impacto de la eventual norma:

• MESECVI (OEA): el Comité de Expertas advirtió que la aprobación de la ley constituiría una violación a la Convención de Belém do Pará y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
• Naciones Unidas: el Comité CEDAW y el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas instaron a retirar la iniciativa al considerar que refuerza estereotipos y genera barreras para la radicación de denuncias.
• Documento de ELA, CELS e INECIP: las organizaciones civiles remarcaron una desproporción en las escalas penales, al señalar que la reforma establecería penas más severas para el falso testimonio que las fijadas actualmente para el delito de abuso sexual simple.