El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue denunciado ante el fuero federal por la presunta comisión de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad en relación con las obras del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca. La presentación judicial cuestiona un acuerdo conciliatorio firmado entre el gobierno provincial y la constructora MEGA —adjudicataria de la obra en 2022 con un presupuesto inicial financiado con fondos nacionales de $4.560 millones— mediante el cual la provincia aceptó el pago de $301 millones por parte de la empresa a cambio de retirar las acciones judiciales y dejar sin efecto una sanción que superaba los $1.900 millones originalmente, la cual alcanzaría más de $6.800 millones al actualizarse por inflación.

El conflicto se remonta al incumplimiento en los plazos y la posterior rescisión del contrato en abril de 2024, tras el desembolso de un anticipo financiero de $454 millones en 2023. La denuncia, interpuesta por Sofía Nahur Rivera Ortega, abarca también a exfuncionarios provinciales y al actual ministro de Gobierno, argumentando que la transacción compromete fondos del Estado nacional de destino específico que no podían considerarse de libre disponibilidad. A su vez, el escrito señala omisiones en la evaluación económica por parte de la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno, pidiendo medidas cautelares para preservar la documentación, peritajes contables y la reconstrucción de los flujos financieros involucrados.