En el marco de la gira oficial por Europa, el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó la implementación de un programa de obtención de la ciudadanía argentina mediante desembolsos de capital, esquema orientado a captar inversiones extranjeras y facilitar la radicación de corporaciones internacionales. La medida contempla el otorgamiento de la titularidad nacional a cambio de una erogación no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro o la adquisición de títulos públicos específicos por un monto de 800 mil dólares, alternativa que exime a los beneficiarios de la restricción para el dominio de inmuebles rurales.

La propuesta generó rechazos inmediatos en el ámbito legislativo, donde bloques de la oposición presentaron proyectos normativos orientados a dejar sin efecto el procedimiento por vía parlamentaria. Diversos referentes institucionales y constitucionalistas cuestionaron la compatibilidad de la medida con los marcos de residencia vigentes y el precedente de fallos judiciales dictados sobre las modificaciones del régimen migratorio, advirtiendo sobre el impacto del dispositivo en la adquisición de superficies estratégicas dentro del territorio nacional.