A pesar de que se había desmentido que el decreto de Alberto Fernández implique financiación vitalicia de custodia global, la ministra de Seguridad lo derogó.

   

En un decreto rubricado por Patricia Bullrich, se avanzó con la derogación de una de las últimas iniciativas de la administración Alberto Fernández, que pretendía concentrar el control operacional de la custodia de mandatarios y expresidentes en la Casa Militar en residencias estables y provisorias.

«La citada medida implicó la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficientes de los recursos y el erario público, en detrimento de las políticas impulsadas por el Estado Nacional», inicia el decreto firmado que establece que las custodias vuelvan a la órbita del Ministerio de Seguridad.

Una de las primeras funcionarias en pronunciarse al respecto fue la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «¡Se terminan los privilegios de la clase política! Poco antes de terminar su mandato, Alberto Fernández dictó un decreto que le concedía custodia de por vida a él y a sus familiares, incluso afuera del país. Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos», escribió en su cuenta de la red social X, en una publicación que borró minutos después.

El decreto de Alberto Fernández sobre custodia presidencial

A horas de que Alberto Fernández realice el traspaso de mando con Javier Milei, se conoció un decreto publicado en el Boletín Oficial en donde se implementa una modificación en el sistema de seguridad presidencial: la Casa Militar pasaría a tener bajo sus responsabilidades la custodia del presidente, el vicepresidente y ex mandatarios en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y eventuales residencias transitorias. La medida fue interpretada por dirigentes de la oposición como una garantía de vigilancia perpetua por parte del ex mandatario.

En ese marco, Presidencia de la Nación, que continúa vigente hasta el 10 de diciembre, emitió un comunicado en donde sostiene que «ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios«.

«La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, solo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional», concluye.