La causa judicial que investiga a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha regresado a los tribunales de Santiago del Estero tras un complejo ida y vuelta jurisdiccional. El fiscal federal Pedro Simón presentó un recurso de apelación formal contra la decisión del juez Sebastián Argibay, quien previamente había rechazado la apertura de la instrucción y se había declarado incompetente.
El conflicto central radica en si las presuntas maniobras de asociación ilícita agravada y lavado de activos deben investigarse en territorio santiagueño o ser remitidas a Campana, provincia de Buenos Aires.
Los argumentos de la Fiscalía
El Dr. Simón cuestionó con dureza el fallo del juez Argibay, basándose en los siguientes puntos clave de su requerimiento de 181 páginas:
- Plataforma fáctica: El fiscal sostiene que existen pruebas precisas sobre la adquisición de inmuebles, vehículos de alta gama y transferencias bancarias sospechosas que involucran a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.
- Flujo de fondos: La investigación detectó giros de la AFA por más de $3.633 millones a empresas vinculadas a los investigados (como Servicios Neurus, Carbellos y Soma), además de movimientos por millones de dólares y euros.
- Crecimiento patrimonial: Se citan indicios como la facturación entre empresas relacionadas y la inclusión de algunos actores en bases de contribuyentes apócrifos.
- Contradicción judicial: Simón señaló una inconsistencia en el fallo de Argibay: el juez afirmó que no había hechos delictivos claros, pero simultáneamente se declaró incompetente alegando una posible defraudación en curso en otra jurisdicción.
Cuestionamientos al procedimiento
Un punto de gran tensión en la apelación es la celeridad con la que el juez Argibay resolvió el rechazo. Según el fiscal:
- El magistrado retomó sus funciones tras una licencia y, en apenas una hora, resolvió desestimar el extenso requerimiento fiscal de 181 páginas.
- Se envió el expediente a Buenos Aires sin esperar a que la resolución quedara firme, lo que el Dr. Simón calificó como una vulneración al derecho de revisión del Ministerio Público.
El futuro de la causa
Tras la apelación y la recusación del juez Argibay, el proceso ha sumado nuevos actores judiciales:
- Intervención de Tucumán: El Dr. José Manuel Díaz Vélez (Juzgado Federal N° 3 de Tucumán) fue designado para intervenir debido a la licencia del juez santiagueño Guillermo Molinari.
- Cámara de Apelaciones: El recurso será analizado por la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que deberá decidir definitivamente si la causa sigue en Santiago del Estero o se traslada a Buenos Aires.
- Consejo de la Magistratura: El fiscal Simón solicitó que se evalúe el desempeño del juez Argibay ante el Consejo de la Magistratura por considerar sus decisiones como «dogmáticas» y obstructivas para la investigación.
La fiscalía insiste en que el estándar de prueba exigido por el juez fue excesivo para una etapa inicial, donde solo se requiere un «grado de sospecha» para comenzar a investigar formalmente el origen de los fondos y el entramado societario-familiar denunciado.