La promulgación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, desató la parálisis de la actividad en los principales puertos y vías navegables de la Argentina. La medida elimina el esquema regulatorio vigente desde 1991, motivando una suspensión de actividades por parte de prácticos y pilotos que mantiene detenidos a más de 150 buques en zonas de fondeo.

Ejes de la desregulación oficial

El Poder Ejecutivo fundamentó la reforma en la necesidad de abaratar los costos del comercio exterior —donde el practicaje representa cerca del 8% del flete— y eliminar trabas regulatorias:

• Apertura de matrícula: Se suprimen los cupos de inscripción ante la Prefectura Naval Argentina para dar paso a la contratación de profesionales independientes.
• Tope a las tarifas: Se faculta a la autoridad reguladora a fijar aranceles máximos y se desregulan los servicios complementarios de transporte y embarque.
• Excepciones para capitanes: Se habilita a capitanes nacionales o extranjeros con conocimiento certificado de la zona a realizar maniobras sin la obligación de convocar a un práctico local.

Impacto en el comercio exterior y la logística energética

La falta de disponibilidad de los profesionales se inició el 1° de agosto. Al formalizarse mediante notificaciones individuales y no como una huelga colectiva tradicional, el Ministerio de Capital Humano no dictó la conciliación obligatoria, profundizando las complicaciones operativas:

• Sector agroexportador: Entidades como CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales advirtieron por las demoras en el ingreso, amarre y zarpada de buques en el polo agroindustrial del Gran Rosario (San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín).
• Abastecimiento de hidrocarburos: La Cámara Argentina de Energía (CADE) alertó sobre la parálisis de buques tanque en terminales clave como Dock Sud, Campana, Bahía Blanca y Caleta Córdova, advirtiendo sobre un eventual riesgo en el suministro a refinerías.

Intimaciones de Prefectura y perspectivas

Frente al cese de actividades, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar formalmente a los profesionales para la reanudación del servicio, bajo apercibimiento de iniciar sumarios administrativos o acciones penales por la interrupción de la navegación. Aunque la normativa permite habilitar de forma excepcional a capitanes experimentados, referentes de la industria señalaron que la alta especialización requerida para las maniobras dificulta un reemplazo inmediato en el corto plazo.