Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, el presidente Javier Milei presentó un conjunto de acciones administrativas, judiciales y legislativas orientadas a sancionar a las empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en el archipiélago sin autorización del Estado argentino. El paquete incluye la firma de un decreto para acelerar los procesos de penalización, la radicación de una denuncia penal contra firmas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion y el envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación.

La iniciativa parlamentaria busca inhabilitar comercialmente tanto a las compañías petroleras como a sus empresas proveedoras de servicios, impidiéndoles operar en el mercado local, contratar con el sector público o privado e ingresar a beneficios fiscales como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) o proyectos en Vaca Muerta. Asimismo, la estrategia oficial prevé la reasignación de partidas presupuestarias —sin afectar el equilibrio fiscal— para el financiamiento de infraestructura de defensa, incluyendo el avance en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.