El diputado libertario Santiago Santurio quedó envuelto en una polémica tras revelarse que el Banco Nación le otorgó un crédito hipotecario de 239 mil dólares, a pesar de no contar con los fondos para pagar el anticipo correspondiente. Con este préstamo, el legislador adquirió una vivienda valuada en aproximadamente 300 mil dólares en un barrio cerrado de Villa Ballester, la cual cuenta con espacio para quincho. La operación motivó una denuncia penal por parte de la diputada y exintegrante de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, quien expuso irregularidades en el perfil económico del beneficiario.

Según la presentación judicial, Santurio complementaba sus ingresos como docente conduciendo un vehículo de la aplicación Uber hasta diciembre de 2023, momento en que asumió el actual Gobierno nacional. La denuncia señala que en apenas un mes, durante julio de 2025, la deuda bancaria del diputado se incrementó de manera exponencial, pasando de 6,7 millones de pesos a más de 303 millones de pesos debido a la acreditación del préstamo.

Irregularidades señaladas en la denuncia

La presentación de Pagano detalla una serie de inconsistencias respecto a las normativas habituales que aplica la entidad financiera pública:

• Límite de afectación de ingresos: El monto de la cuota mensual que debe abonar el diputado representa cerca del 48% de los ingresos netos de su grupo familiar. Este porcentaje duplica el límite máximo del 25% que el propio Banco Nación establece de forma general para sus clientes.
• Situación de los ingresos familiares: De acuerdo con la acusación, la cónyuge de Santurio, María Celina Aguilar Bugeau, no registra una inscripción activa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni reporta ingresos formales ante la administración tributaria.
• Trato preferencial a dirigentes: La denuncia enmarca esta situación dentro de un listado de créditos multimillonarios otorgados por la banca pública —bajo la órbita de Luis Caputo— a dirigentes afines al oficialismo. Entre los beneficiados se menciona a los funcionarios de Economía Felipe Núñez y Federico Furiase, al funcionario de Presidencia conocido como «Juan Doe», y a los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde.