En una jornada legislativa de alto impacto, el Senado de la Nación aprobó este viernes dos de los proyectos más ambiciosos del Ejecutivo. Con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, la Cámara alta sancionó la Ley de Modernización Laboral, mientras que, en la misma sesión, también se dio luz verde definitiva a la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Con este resultado, el oficialismo logra exhibir un triunfo político contundente justo antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, cumpliendo con los objetivos trazados para el período de sesiones extraordinarias.
Modernización Laboral: los ejes del cambio
La nueva ley de Reforma Laboral busca, según el Gobierno, incentivar la creación de empleo genuino y reducir la litigiosidad. Entre sus puntos principales se destacan:
- Período de prueba: Se extiende el plazo actual, permitiendo a las empresas evaluar a los nuevos empleados por un tiempo más prolongado.
- Fondo de Cese Laboral: Se habilita la posibilidad de sustituir las indemnizaciones tradicionales por un sistema de fondo de cese (estilo UOCRA), mediante acuerdos en los convenios colectivos.
- Multas por falta de registro: Se eliminan o reducen las sanciones económicas por empleo no registrado, buscando fomentar la regularización de trabajadores.
Baja de la edad de imputabilidad
Como complemento de la agenda de seguridad, se ratificó el nuevo Régimen Penal Juvenil:
- Imputabilidad desde los 14 años: Los menores podrán ser juzgados por delitos graves.
- Penas y establecimientos: Se fijan condenas de hasta 15 años y se garantiza que los menores no compartan lugares de encierro con adultos.
Un cierre estratégico de las Extraordinarias
La sesión, que comenzó a las 11:00 y fue habilitada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, contó con el apoyo fundamental de bloques aliados que acompañaron la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA).
La sanción de estas leyes marca el cierre de un ciclo de sesiones extraordinarias donde el Ejecutivo buscó cimentar las bases de su programa de reformas estructurales en lo laboral y en lo penal antes del inicio del año parlamentario ordinario.