Durante la última sesión en la Cámara de Senadores de la Nación, el legislador nacional Gerardo Zamora anticipó su voto favorable a una serie de proyectos relacionados con la Justicia Federal y aprovechó la ocasión para renovar una demanda institucional histórica de la provincia de Santiago del Estero, consistente en la instalación de una Cámara Federal de Apelaciones propia para la jurisdicción. En su alocución, el parlamentario santiagueño hizo mención al tratamiento de la orden del día N°105, referida a la división de salas de la actual Cámara de Apelaciones Federal de Tucumán, calificando a esa medida como positiva y necesaria para la vecina provincia, pero aclarando que dicha reestructuración no resulta incompatible con el reclamo de autonomía judicial de su distrito.
El senador fundamentó la solicitud señalando que Santiago del Estero ya cuenta en su territorio con dos juzgados federales y un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, estructuras que se han vuelto insuficientes debido al marcado incremento demográfico y al constante aumento en el volumen de las causas en trámite. Asimismo, recordó que la iniciativa legislativa orientada a dotar a la provincia de este tribunal de alzada ya había sido impulsada de forma conjunta por los tres senadores que representan al distrito, aunque el proyecto terminó perdiendo estado parlamentario debido al paso del tiempo sin su correspondiente debate formal.
Zamora enfatizó ante el cuerpo deliberativo y la comisión de Asuntos Constitucionales que la inexistencia de una Cámara Federal local condiciona de manera negativa el acceso a la justicia de los ciudadanos santiagueños, quienes se encuentran obligados a depender de tribunales situados en otras provincias para tramitar las instancias de casación o revisión judicial de las resoluciones en materia federal. Por este motivo, el representante provincial concluyó su intervención demandando que la propuesta sea considerada con el mismo nivel de prioridad institucional que se le otorga al resto de las reformas y proyectos judiciales que evalúa el Congreso de la Nación.