La demanda judicial presentada por Flavia Ochoa contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional volvió a poner en el centro del debate público el funcionamiento de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI). El mecanismo constituye el protocolo oficial mediante el cual la Argentina registra, monitorea e investiga posibles efectos adversos tras la aplicación de vacunas.

Qué es un ESAVI y cómo se inicia la investigación

Un ESAVI se define como cualquier problema de salud manifestado con posterioridad a la inmunización que se notifica para su estudio. La presentación de la denuncia no implica una confirmación de causalidad, sino el inicio de una evaluación médica y científica.

El sistema de vigilancia opera desde hace más de dos décadas dentro de la estrategia nacional de farmacovigilancia. Es coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en articulación con las provincias y bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El procedimiento se pone en marcha cuando un profesional de la salud registra el caso en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA):

• Evaluación técnica: Equipos especializados analizan la historia clínica, antecedentes, estudios complementarios y evidencia científica disponible para determinar si existe nexo causal, si los datos son insuficientes o si el cuadro responde a otra patología.
• El caso Ochoa: En la causa judicial consta la denuncia ESAVI por un cuadro neurológico atribuido por la paciente a la vacuna. La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyó administrativamente que no pudo confirmar el nexo causal con el síndrome de Guillain-Barré denunciado, dictamen que es cuestionado por la demandante.

Vía administrativa y el rol del Poder Judicial

La Ley 27.573 estableció un Fondo de Reparación para Eventuales Reacciones Adversas a la Vacunación contra el Covid-19, dictaminando un procedimiento administrativo previo para tramitar compensaciones económicas. Tras recibir un dictamen desfavorable en esa instancia, Ochoa optó por iniciar la acción civil.

Al judicializarse el reclamo, el análisis trasciende la órbita administrativa. El tribunal interviniente puede incorporar pericias médicas independientes, nuevos informes de especialistas y pruebas complementarias para determinar si corresponde atribuir responsabilidad jurídica y fijar una reparación integral.