Estimaciones preliminares señalan que aproximadamente 900 personas en la provincia de Santiago del Estero habrían sufrido la retención de sus fondos tras invertir en la plataforma financiera GSFAR. El ingreso de la mayoría de los usuarios se habría producido mediante recomendaciones de allegados y familiares, quienes actuaban como referentes en grupos de difusión sobre presuntas inversiones con alta rentabilidad.

Pese a la interrupción en las operaciones de la firma y la falta de respuesta por parte de los intermediarios, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que hasta la fecha no se han registrado denuncias judiciales formalizadas. De acuerdo con testimonios de damnificados locales, la ausencia de presentaciones ante la Justicia responde principalmente al temor a la estigmatización social, mientras crece la incertidumbre por el destino de las sumas depositadas.