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Golpe al contrabando en el departamento Jiménez y escándalo institucional: Secuestraron más de 2.000 kilos de hojas de coca en tres camionetas y un detenido denunció el pago de sobornos a policías en Pellegrini

Un operativo policial llevado a cabo en el departamento Jiménez culminó con el secuestro de 2.061,600 kilos de hojas de coca que eran trasladados de manera ilegal en tres camionetas por un camino vecinal que une las localidades de Ardiles y Pozo Hondo. La causa sumó además una grave derivación institucional luego de que uno de los detenidos denunciara el presunto pago de sobornos a efectivos policiales para liberar el paso en otra jurisdicción.

El procedimiento tuvo lugar el jueves alrededor de las 13 y estuvo encabezado por personal de Seguridad Vial, con el apoyo operativo de la Comisaría Comunitaria Nº 26, la Dirección General de Drogas Peligrosas y la intervención clave del can detector K-9 Matt.

Detenidos del norte argentino y vehículos incautados

Durante el control preventivo sobre el camino rural, los uniformados interceptaron tres camionetas de alta gama —dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux— en las que se desplazaban cuatro hombres de entre 33 y 40 años, oriundos de las provincias de Salta y Jujuy.

Tras constatar el volumen de la mercadería transportada en los rodados, los cuatro involucrados quedaron aprehendidos y a disposición del fiscal interviniente, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso el secuestro tanto de los vehículos como de la totalidad de los bultos de hojas de coca.

Denuncia por presuntos sobornos e investigación judicial

La investigación dio un giro inesperado cuando uno de los conductores implicados aseguró ante las autoridades haber realizado pagos de dinero a dos efectivos policiales para poder circular sin inconvenientes por la zona de Rapelli, en el departamento Pellegrini. Según su testimonio, se abonaba una suma determinada por cada vehículo que lograba atravesar los controles, mencionando incluso un supuesto acuerdo con un jefe policial del área.

A partir de estas manifestaciones, la Justicia abrió una línea investigativa paralela para determinar la veracidad de los dichos, esclarecer eventuales delitos de cohecho y establecer las correspondientes responsabilidades penales y administrativas. En simultáneo, se aguarda la definición judicial respecto del destino final del cargamento incautado y la competencia federal u ordinaria sobre el expediente.

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