La Justicia federal formalizó una investigación penal contra Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y actual funcionario del Ministerio de Defensa, tras una denuncia que pone bajo la lupa el vertiginoso crecimiento de su patrimonio personal entre 2024 y 2025.
El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó la imputación en el marco de la causa que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello. El foco de la pesquisa está puesto en determinar si el incremento de sus bienes declarados tiene un respaldo legal acorde a sus ingresos como funcionario público.
Las claves de la denuncia
La causa se inició a partir de una presentación realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien detalló movimientos financieros que resultan sospechosos para la Justicia:
- Duplicación del patrimonio: Según la declaración jurada, los bienes de Adorni pasaron de 43 millones de pesos a más de 80 millones en apenas un año.
- Operaciones de magnitud: Se investiga la compra de un vehículo de alta gama y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario de suma considerable, movimientos realizados en un periodo de tiempo muy acotado.
- Duda sobre ingresos reales: La denuncia sostiene que, si bien el funcionario posee ingresos formales, el volumen de su crecimiento patrimonial excedería su capacidad de ahorro y remuneración estatal.
Medidas en curso
Tras la imputación, la fiscalía inició una batería de medidas técnicas para reconstruir el mapa financiero del acusado:
- Requerimientos masivos: Se enviaron solicitudes de información a más de 30 organismos públicos y privados, incluyendo bancos, registros de la propiedad y entes recaudadores.
- Seguimiento de cargos: La Justicia analiza su paso por áreas clave del Ministerio de Defensa y su actual función en el Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares (IAF).
La investigación busca determinar si el patrimonio de Francisco Adorni es producto de maniobras de lavado de activos o ingresos no declarados vinculados a su rol institucional. Hasta el momento, el funcionario no ha realizado declaraciones públicas sobre el avance de la causa, mientras el expediente acumula pruebas contables que serán determinantes para su futuro procesal.