Una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC) expuso un esquema sistemático de blanqueo de capitales procedentes de España operado a través de la firma Terminal Puerto Rosario (TPR). Las actuaciones judiciales señalan que las empresas Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A., licenciatarias originales del puerto, respondían a una misma estructura conducida por el empresario catalán Jordi Pujol i Ferrusola y el contador Gustavo Shanahan para ingresar al país fondos ilícitos mediante contratos ficticios, mutuos e interposición de sociedades.

La derivación penal generó cuestionamientos respecto de la legalidad en la transmisión del paquete accionario a favor del grupo chileno Ultramar y la firma Vicentin, actuales operadores de la terminal. Fuentes de la Justicia Federal advierten sobre la nulidad de origen en las transferencias accionarias ante la presunta inyección de activos de origen delictivo en el capital social y la consecuente omisión de controles de diligencia debida (due diligence). La situación judicial derivó en traba de embargos por $152.000 millones a sociedades vinculadas, mientras el juez federal Carlos Vera Barros evalúa la trazabilidad de las cuotas de pago que financiaron la cesión de la concesión.

El desarrollo del caso impacta en la agenda del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que evalúa la factibilidad de renovar la concesión portuaria con vencimiento en 2032. En tanto la administración provincial analiza compromisos de inversión presentados por los actuales titulares para el desarrollo del transporte de minerales e insumos agroindustriales, las imputaciones por lavado y los incumplimientos históricos en infraestructura sobre los muelles condicionan los márgenes administrativos y políticos para otorgar una extensión del contrato.