El juez federal Gustavo Villanueva declinó la solicitud de Comodoro Py de trasladar la causa a los tribunales porteños, alegando que podría entorpecerse la producción y profundización de ciertas medidas de prueba en curso.
No se va a ningún lado: este martes, el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, dio la negativa al pedido expedido desde los tribunales de Comodoro Py, el cual tenía por objetivo remitir la causa del escándalo de Lago Escondido a los juzgados porteños. La solicitud, presentada por la defensa de Pablo Yadarola, fue tajantemente denegada con convincentes fundamentos que permitirán que la causa continúe anclada en Bariloche.
En su fallo, Villanueva explicó que las pruebas recopiladas en el expediente deben seguir tramitando en Bariloche, donde se inició la investigación por corrupción entramada entre funcionarios opositores presuntamente financiados y dirigidos por el Grupo Clarín. Además, acotó que el juzgado porteño aún no había realizado ninguna actuación al respecto.
En su decisión, Villanueva señaló que se desconoce si el viaje fue financiado por los imputados o por terceros, y que se encuentran en curso numerosas medidas de prueba para esclarecer si el oferente de los supuestos beneficios indebidos fue el dueño de la estancia, Joseph Lewis.
El magistrado remarcó que el Juzgado Federal de Bariloche posee más cercanía con la prueba y se encuentra más próximo al lugar en el cual se hospedaron los imputados.
El pedido de inhibitoria había sido rechazado en primera instancia por el juez Sebastián Ramos, aunque luego aprobado por el camarista Eduardo Farah, tras un dictamen favorable del fiscal ante la Cámara Federal porteña.
Ahora, el fallo de Villanueva deberá ser remitido a esta última para que determine si traba una cuestión de competencia, en cuyo caso intervendrá la Cámara Federal de Casación Penal.
Entre los imputados se encuentran el juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9, así como Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.